¿UPJ centro de torturas y castigo en la capital?

Es muy común escuchar a los jóvenes de la ciudad, en particular a los de estratos bajos, y a quienes estudian en universidades públicas, hablar de la UPJ como una institución de redadas destinadas a torturar

Rigoberto Rodríguez, joven torturado en la UPJ.

Carolina Tejada

La Unidad Permanente de Justicia, UPJ, nace, según relata la página de la institución de la Policía de Bogotá; “con el propósito de ocuparse de la ciudadanía infractora de las normas de convivencia que no pueden ser detenidas en las estaciones de policía”. Y tiene como fundamento legal “la aplicación de la medida de conducción como el traslado inmediato de cualquier persona como medida de protección para conducir a quien deambule en estado de indefensión o de grave excitación con peligro para su integridad o la de otras personas, hasta tanto cese el peligro”. En este mismo criterio asegura que si la persona a la que tienen el deber de proteger, se niega a entregar la dirección de su domicilio, este, “podrá ser conducido a la UPJ, donde podrá permanecer hasta 24 horas”.

Este ejercicio es una responsabilidad de la Policía Nacional, su intencionalidad se define como: “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, según el artículo 218 de la Constitución Política.

Sin embargo, han sido miles las denuncias que a causa de las acciones desmedidas de la fuerza pública, han recibido organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Tortura y otras formas violencia

En la ruta de atención por la cual se guían los turnos de la UPJ, existen recomendaciones que deban asumir los agentes, entre esas se encuentran las relacionadas con las personas que no deben ser conducidos a la UPJ y en cambio remitidas a lugares idóneos: Sujetos de especial protección constitucional, discapacitados, indígenas y minorías étnicas, Lgbti, menores de edad, entre otros.

Sin embargo, han sido constantes las denuncias en donde se relacionan a varios miembros de la fuerza pública, y de esta unidad, como responsables de violaciones a los derechos humanos, en su gran mayoría, en contra de jóvenes.

Un caso particular es el relacionado con una persona de la comunidad Lgbti, quien fuera conducido por unidades de la policía hacia la UPJ, después de encontrarse inmersa en una discusión con un taxista.

Este es el caso de Carlos Torres, un joven trans de 28 años de edad, que el pasado 5 de diciembre de 2015, entre las 9:15 y las 10:20 de la noche, murió mientras estaba detenido por la Policía en la Unidad Permanente de Justicia de Puente Aranda. Este día Carlos, o Paula como figura en su cédula de ciudadanía, salió con sus amigos a festejar su cumpleaños. Luego de abandonar a sus amigos para ir a una cita con su pareja, al parecer Carlos, sostuvo una discusión con el taxista sobre el pago del servicio, motivo por el cual la policía llegó y fue conducido en una patrulla a la UPJ. Según el informe de policía, por el estado de indefensión, se conduce a la UPJ para evitar daños a su integridad y a la de terceros. En este transcurso, Carlos logró comunicarse con su padre por teléfono e informó que la Policía lo había golpeado. A las 10:10 de la noche Carlos es conducido en una patrulla al hospital San José, donde llegó sin signos vitales.

Ninguno de los procedimientos legales que debía cumplir la Policía se cumplieron, tampoco se respetó la ruta de atención, cuyas recomendaciones indican que no se puede conducir personas de la comunidad Lgbti a estas unidades. En el cuerpo de Carlos se hallaban moretones producto de las posibles golpizas de las que dialogó con su papá. La fuerza pública mientras tanto, afirma que Carlos se quitó la vida con un cordón de sudadera.

Torturas por condición política

El pasado 5 de marzo de 2016, el joven Rigoberto Rodríguez, junto a un amigo, son abordados por un celador en el puente de la calle 45 con carrera 30. El celador les exigía caminar por otro extremo del puente, allí se genero una discusión, los jóvenes continuaron su camino mientras el celador amenazaba con hacerlos llevar a la UPJ. Al llegar al final del puente, relata Rodríguez, “habían unos motorizados, ellos nos trataron bien, pero luego llegaron otros policías en una patrulla, y en otra moto, ellos nos agredieron verbalmente y nos golpearon”.

Tres personas que pasaban por el lugar, y que conocían a los muchachos se solidarizaron y se acercaron para auxiliarlos. Sin embargo los jóvenes comentan que “nos siguieron golpeando, nos electrocutaron, nos trataron de asfixiar, y nos patearon en repetidas ocasiones, tanto a mi amigo como a mí”.

El joven comenta que cuando lo trasladaron en la patrulla de la policía hacia la estación de la Policía de la localidad de Teusaquillo, su amigo recuerda que los llevaron hasta la estación del Park Way, él estaba inconsciente, solo su amigo sabia a donde los llevaban.

En la denuncia que se interpuso, además de los golpes y los malos tratos hasta aquí relatados, también denunciaron la pérdida de los celulares, del dinero y los documentos.

El traslado al centro de torturas de la UPJ

A los jóvenes los trasladaron a la UPJ, después de ser llevados al Park Way. Cuando llegaron allí, se les obligó a desnudarse, y pese a las peticiones que uno de los chicos hacía para que atendieran a Rigoberto Rodríguez, quien aún se encontraba medio inconsciente, lo amarraron a una reja, lo siguieron golpeando con tambos y con varillas, durante toda la noche hasta las 3:30 de la mañana, cuando los bañaron con agua fría. Él alcanza a recordar que “me quitaron las esposas y me tiraron al piso, me pisaban la cabeza, me pusieron la bota en la garganta y me decían: “comunista de mierda, para que aprenda”.

Las marcas en el cuerpo de Rigoberto Rodríguez, se conocían a leguas, su rostro evidenciaba las marcas de los constantes golpes que recibió, en el momento en que los dejaron salir, solo les entregaron sus bolsos vacíos. Ni el delegado de la Personería que entró a la celda para observarlos dijo nada. A sus amigos tampoco les entregaron información alguna.

Prohibido hablar en público

Otra de las situaciones que pareciera traída de los cabellos, es la que relatan dos jóvenes de la Universidad Distrital, quienes se encontraron cerca al medio día para ir a almorzar en la plaza de Las Nieves. Para esta fecha, estaban en pleno los escándalos en los que el general Rodolfo Palomino, y la Policía se veían involucrados en la llamada “comunidad de los anillos”. Los jóvenes fueron escuchados por miembros de la Policía, cuando se referían al escándalo, de manera inmediata fueron retenidos, agredidos verbal y físicamente. Y fueron conducidos a la UPJ. En el relato que hacen de los hechos, comentan que “le exigimos a un servidor público que decía que era defensor de derechos humanos que abogara por nosotros, pero cuando le dijimos en que universidad estudiábamos, nos dio la espalda, miró a los policías y se fue”. Igualmente cuentan que nunca dieron explicación de las razones por las cuales les obligaban a permanecer allí, tampoco de sus documentos de identidad.

Estas y miles de denuncias más se encuentran en manos de defensores de DD.HH., y en procedimientos judiciales donde víctimas, familiares y amigos intentan encontrar los responsables de estas acciones desmedidas, que más allá de las torturas, hoy tienen bajo su responsabilidad la muerte de Carlos.

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