Guatemala: Los acuerdos de paz, a veinte años de su suscripción
Un balance político de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Con ocasión de cumplirse los 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado, la URNG presenta un balance según el cual el camino por recorrer aún es largo y requiere la participación de todos los guatemaltecos y guatemaltecas conscientes de la grave situación económica y social en que vive la mayoría de habitantes de nuestra nación.
Introducción
La suscripción de los Acuerdos de Paz puso fin a una guerra interna de 36 años de duración. No obstante, las causas políticas y socioeconómicas que originaron la guerra no han sido superadas a pesar de la cuantiosa inversión económica, la extensa institucionalidad creada y las numerosas acciones en nombre de la paz realizadas. Se abrió sin embargo, la perspectiva de una nueva Guatemala que, 20 años después y pese a frustraciones, obstáculos y falta de voluntad política de parte de sucesivas administraciones gubernamentales, encuentra las condiciones para acometer una nueva fase de cumplimiento y profundización de los compromisos pactados.
La apropiación privada de los bienes del Estado; la corrupción e impunidad, y el uso clientelar de las instituciones del Estado, propiciados por los grupos de poder, impidieron la realización de la agenda democrática y de desarrollo más moderna y visionaria que jamás ha tenido nuestro país y, por lo tanto, impidieron también superar las profundas causas socioeconómicas y políticas que originaron el enfrentamiento armado interno.
Visionariamente, los constructores de los Acuerdos de Paz diseñaron una agenda de largo plazo que en 20 años apenas ha arrancado. Les toca ahora a las nuevas generaciones apropiarse de su contenido y espíritu, profundizarlos e institucionalizarlos.
Los Acuerdos de Paz trazaron la ruta, ya irreversible, de una Guatemala moderna y en desarrollo, multiétnica, pluricultural y con justicia social. Su cumplimiento, sin embargo, no ha sido progresivo ni ha priorizado la satisfacción de las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos y guatemaltecas, sino que ha respondido a la agenda que los grupos de poder han impulsado a través de los distintos gobiernos de turno.
Hasta la fecha, no ha sido posible unificar los esfuerzos de todos los sectores con una visión de nación, porque quienes han tenido el poder de tomar decisiones sobre su cumplimiento los han adecuado y utilizado en beneficio de sus propios intereses, del aprovechamiento privado de los bienes y funciones del Estado y del impulso de la agenda económica neoliberal.
Del acuerdo global sobre derechos humanos
La observancia de los derechos humanos por el Estado de Guatemala aún es parcial. Posterior a la firma del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (AGDH), ha sucedido una cantidad enorme de violaciones del derecho a la vida y otros hechos deplorables, de los cuales la masacre de Xamán, el asesinato de monseñor Juan Gerardi Conedera y la masacre de Alaska son solo una muestra, demostrando que el derecho a la vida sigue siendo altamente vulnerable.
Por otro lado, se sigue violando el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social, a partir de fenómenos tales como la voraz corrupción y la imposición de proyectos extractivos lesivos a las comunidades rurales y al pueblo en general. El Estado, como tal, ha dejado de usar las ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales y la represión contra la oposición política como política de Estado, pero continúa criminalizando la lucha social, en claro respaldo a finqueros, empresas extractivas e intereses privados, contrarios a los derechos de la población.
La instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2006, la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en 2006, la creación de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio (Senabed) en 2010, y el fortalecimiento sostenido del Ministerio Público (MP) durante dos administraciones consecutivas desde 2010, han sido avances institucionales fundamentales en la lucha contra la impunidad y la corrupción, aunque éstos hayan sido resultantes de la presión internacional y de las luchas políticas y sociales nacionales, y no necesariamente de la voluntad de los gobiernos de turno, quienes tradicionalmente han tolerado u operado en favor de los grupos de poder paralelos a las estructuras del Estado.
Incumplir con la reparación de los daños causados a la población civil durante el enfrentamiento armado interno; desviar los bienes y la funciones del Estado para beneficio de intereses privados, propiciando actos de corrupción, a costa del deterioro de las condiciones de salud y acceso a la educación de las grandes mayorías, significa violar los derechos humanos de la población guatemalteca.
De esa cuenta, aunque las masacres, asesinatos, secuestros y persecución de la población por razones políticas ya no sean una conducta sistemática de Estado, en tanto los actos de gobierno lleven al deterioro de las condiciones de vida de la población, incluso con costos mortales, URNG afirma que el Estado de Guatemala sigue violando los derechos humanos de las grandes mayorías de la población, particularmente de los grupos sociales más vulnerables.
Del acuerdo para el reasentamiento de la población desarraigada por el conflicto armado interno
Con relación al reasentamiento de la población desarraigada, con excepción de un pequeño grupo de refugiados guatemaltecos que aún permanece en México, todos los grupos organizados en el exterior han retornado al país y, al igual que las antiguas Comunidades de Población en Resistencia (CPR), han sido reasentadas en diferentes puntos del país, con el apoyo gubernamental.
Lo que no se ha cumplido aún es que dicho reasentamiento se realice en condiciones de dignidad, ya que el apoyo y acompañamiento gubernamentales para garantizar los factores de infraestructura y desarrollo dignos brilló por su ausencia o, en el mejor de los casos, fue deficiente. Aun así, las comunidades de CPR, de retornados y de desplazados internos, destacan como luces en los territorios donde se asentaron, gracias a su alto nivel organizativo, su raíz cultural, su vocación de desarrollo autónomo y su convicción de lucha por un país mejor.
Del acuerdo para el establecimiento de la comisión para el esclarecimiento histórico
En cumplimiento del Acuerdo de Oslo, firmado el 24 de junio de 1994, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) entregó al pueblo y gobierno de Guatemala el 25 de febrero de 1999 su informe La Memoria del Silencio.
La CEH concluyó que la injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustantivas, constituyeron factores que originaron el enfrentamiento armado; que el Ejército Nacional, definió un concepto de enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpatizantes de la guerrilla, incluyendo a los civiles de determinados grupos étnicos; que de las violaciones documentadas por la CEH, 93% fueron cometidas por las fuerzas de gobierno, mientras que 3% fueron cometidas por la guerrilla y 4% por otros grupos armados. La CEH concluyó también que del total de víctimas, plenamente identificadas, 83% eran mayas y 17% eran ladinos.
En su informe la CEH formuló cinco tipos de recomendaciones:
—Medidas para preservar la memoria de las víctimas
—Medidas de reparación a las víctimas
—Medidas orientadas a fomentar una cultura de respeto mutuo y de vigilancia de los derechos humanos
—Medidas para fortalecer el proceso democrático
—Medidas para promover la paz y la concordia nacional
Por último, la CEH recomendó la creación de una entidad responsable de impulsar y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones propuestas.
En síntesis, puede mencionarse que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue conformada según lo establecido en el acuerdo respectivo. La CEH entregó un informe completo, documentado, imparcial y reflejo fiel de lo ocurrido durante el enfrentamiento armado interno. Sus conclusiones y recomendaciones, sin embargo, no fueron atendidas en lo substancial, por los gobiernos sucesivos hasta la fecha, siendo las mismas totalmente congruentes con los Acuerdos.
Del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas
El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (Aidpi), firmado en marzo de 1995, marcó independientemente del avance en su cumplimiento, un quiebre en la historia de nuestro país, al trazar la ruta de una reconfiguración nacional con el protagonismo directo de los sujetos sociales principales de Guatemala: los pueblos indígenas.
URNG valora y reconoce el protagonismo de los pueblos indígenas en la construcción de la paz y la transformación del país. Conformaron mayoritariamente las fuerzas guerrilleras que libraron la guerra popular y las luchas sociales que a la postre forzaron la negociación de los Acuerdos de Paz y, en la actualidad, constituyen la fuerza principal que defiende el patrimonio nacional frente a una nueva invasión del capital nacional y transnacional propiciada por la política neoliberal gubernamental.
Su propio protagonismo directo favoreció los procesos de recuperación de su identidad como pueblo maya y, sobre todo, abrió las posibilidades de recuperar su rol forjador de su destino como pueblo y de los procesos transformadores en el país.
El cumplimiento sustantivo del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido casi nulo por los sucesivos gobiernos, representativos de la oligarquía racista y aún colonial, que siempre ha visto en el despertar de los pueblos indígenas la amenaza a sus privilegios. La ambición por explotar y saquear los bienes naturales en territorios de los pueblos indígenas ha prevalecido en las políticas gubernamentales por encima del cumplimiento de este Acuerdo.
Así, la devolución de tierras comunales arrebatadas; la dotación de tierras y proyectos para su desarrollo; la aprobación de un nuevo marco normativo para la asignación de frecuencias a radios comunitarias; la apertura plena a la participación política; la redefinición de las instituciones administradoras de los lugares sagrados; la coparticipación en proyectos de protección ambiental; la reforma educativa; el respeto a su ciencia, tecnología, producción intelectual, medicina, sistema jurídico; el respeto a su derecho a la consulta; las reformas constitucionales; entre otros, son contenidos aún incumplidos, en lo sustantivo, del Acuerdo relativo a los Pueblos indígenas.
URNG registra como avances importantes el reconocimiento a la identidad de los pueblos indígenas, de sus idiomas, del derecho consuetudinario, las comunidades y autoridades de los pueblos indígenas, sustentados en diferentes leyes que se han emitido, especialmente en el nuevo Código Municipal. Asimismo, aunque con contenido incompleto, se ha tipificado la discriminación como delito y se han creado diversas instituciones estatales vinculadas con la tutela de los derechos de los Pueblos Indígenas, las cuales, aunque de bajo rango y de limitada incidencia, constituyen avances.
El creciente protagonismo de los pueblos indígenas en la actualidad es una conquista propia, lograda pese a omisiones e incumplimientos del Estado en general. Su lucha, enfocada particularmente en la defensa de sus territorios y de los bienes naturales que se localizan en ellos, se amplía también a la reivindicación a ser parte en las decisiones nacionales. De esa cuenta, URNG reafirma que la construcción de una nueva Guatemala es imposible sin el protagonismo de los pueblos indígenas.
Del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria
Desde la firma de la paz hasta la fecha se ha registrado un crecimiento económico relativo; sin embargo, según estadísticas recientes, la población que vive en condiciones de pobreza se ha elevado a un 60 % y todos los indicadores se han movido en sentido contrario al desarrollo social y en favor de una mayor acumulación de la riqueza por la misma clase económicamente dominante, causante de las desigualdades sociales que dieron origen al enfrentamiento armado interno.
Al mismo tiempo, el modelo de desarrollo neoliberal que se fortaleció después de los Acuerdos de Paz no sólo privilegió a las mismas clases dominantes, empobreciendo más a las mayorías, sino que también debilitó la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales. Es imposible lograr la justicia social ante la voracidad de un empresariado nacional e internacional que ha copado las decisiones gubernamentales a favor de sus propios intereses.
En contraste con lo establecido en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (Asesa), los gobiernos de los últimos 20 años no promovieron ninguna participación ciudadana efectiva en materia económica ni fortalecieron al Estado como orientador del desarrollo nacional, y menos aún, como proveedor de servicios básicos y como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos. Los ejemplos de los sistemas de salud y educación, así como la conflictividad agraria dan cuenta de lo anterior.
Los gobiernos de turno no pudieron cumplir esta función porque privilegiaron sus propios intereses y el de sus financistas, en perjuicio del interés social. Así, se impuso la industria extractiva con sus míseras regalías por encima del desarrollo comunitario; la privatización del sistema eléctrico y de telefonía, por encima del fortalecimiento de las empresas estatales; el privilegio del monocultivo con fines de exportación, frente a la producción de alimentos para el mercado nacional; además de otros grandes contrastes, entre lo planteado en el Acuerdo Socioeconómico y la realidad nacional.
En materia fiscal y tributaria, ante algunos tibios intentos de cumplir con lo orientado en el Asesa, se terminó castigando a las capas medias y a las clase mayoritaria. El poder de la oligarquía nacional ha seguido imponiéndose en todos los gobiernos de los últimos 20 años. URNG reconoce y valora, sin embargo, el fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria y el incremento de su capacidad de recaudación.
Hubo pocos intentos serios por optimizar los réditos del crecimiento económico para beneficio de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, arrojando cada uno de ellos, resultados parcial o totalmente negativos. Entre ellos se puede registrar la extensión de la cobertura en Salud y Educación que, si bien fue positiva en un principio, terminó convirtiéndose en un mecanismo de privatización de servicios, dejando finalmente en abandono total a las comunidades cubiertas. Otros programas vinculados con la distribución de fertilizantes, el arrendamiento de tierras, Bolsa Segura, Mi Familia Progresa, del adulto mayor y otros, resultaron siendo focos de corrupción e instrumentos de clientelismo electoral.
El impuesto denominado Ivapaz, si bien se concibió como un tributo para financiar la paz y el desarrollo, no dio el resultado esperado y terminó siendo pagado por los consumidores. Ninguna de las medidas adoptadas surtió resultados significativos ni sostenibles, en tanto que se privilegió el interés privado por asegurarse negocios con los bienes del Estado, su uso clientelar electoral y su aprovechamiento para actos de corrupción.
En materia agraria y de desarrollo rural, los únicos dos compromisos cumplidos a medias corresponden a la creación del Fondo de Tierras y la creación de Registro de Información Catastral. El primero se convirtió en un mercado de tierras con fondos públicos, que si bien permitió el acceso a tierras a cientos de familias campesinas, fue un foco más de corrupción y un gasto totalmente alejado de la concepción y finalidades de los Acuerdos de Paz; mientras que el segundo no ha dado ningún resultado significativo y, además, se ha convertido en un mecanismo de legalización de despojos de tierras por parte de terratenientes y una amenaza a tierras comunales de pueblos indígenas.
No se ha logrado ningún cambio favorable a la población rural ni al desarrollo rural integral, precisamente porque –tal como se ha señalado con anterioridad– ha prevalecido el interés de la Cámara del Agro con la consecuente extensión de los monocultivos, desalojos a familias campesinas de sus tierras o de las tierras que necesitaban para subsistir, los desvíos de ríos, la persecución y criminalización de líderes comunitarios, la represión contra la población campesina y otras.
En materia de derechos de las mujeres, contenidos en diferentes Acuerdos, se registró un avance sustancial, dado a que las instituciones, leyes y medidas gubernamentales emitidas a su favor han tenido efectividad, especialmente en materia de justicia. Sin embargo, dado el peso de la cultura patriarcal en el Estado y la sociedad los retos siguen siendo grandes.
Del acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática
Con relación a los compromisos pactados en el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC), la lenta renovación de las instituciones públicas y el precario fortalecimiento del poder civil recibieron un impulso fundamental en el año 2015, con el inicio de la desarticulación de algunos de los poderes de facto que los habían impedido.
En este contexto, URNG valora los golpes dados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra estructuras integradas por empresarios, funcionarios públicos y operadores políticos, quienes con la tolerancia de instituciones del Estado y al amparo de la más absoluta impunidad, han saqueado o se han aprovechado de los bienes públicos deteniendo cualquier intento de saneamiento de las instituciones.
Los casos de persecución penal y procesos judiciales iniciados desde abril de 2015 hasta la fecha han sometido a prueba al sistema de justicia, demostrándose por primera vez en muchas décadas que el peso de la ley puede alcanzar a cualquier persona, inclusive si se trata de un expresidente o una ex vicepresidenta, exministros, diputados o grandes empresarios.
Como institución, el Ejército de Guatemala ha mantenido sus privilegios dentro del Estado, cuenta con una cuota importante del ejercicio del poder detrás de los gobiernos civiles. Esta situación incluye a los militares retirados de la llamada línea dura, quienes desde el gobierno del militar retirado Otto Pérez Molina, han ocupado abiertamente puestos claves de decisión, incluyendo posiciones civiles de alta jerarquía del Estado.
Del acuerdo sobre bases de incorporación de la URNG a la legalidad
El partido político URNG adquirió su carácter legal el 18 de diciembre de 1998, y en las elecciones generales de 1999 abrió camino a una opción alternativa alcanzando el 12,7% de la votación general en un tercer lugar de los partidos políticos contendientes. Fuera de los límites propios del sistema de partidos políticos, cada vez más cooptado por las fuerzas económicas y de corrupción, como URNG asumimos los errores cometidos en nuestro desenvolvimiento político e interno que nos han llevado a no contar con la fuerza política para haber incidido más en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz
Del acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral
Si bien el Gobierno, el Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral cumplieron con presentar la iniciativa, aprobarla y tramitar la realización de la consulta popular para someter a la voluntad popular las reformas constitucionales en 1999, tras un referendo que tuvo 82% de abstencionismo, éstas finalmente no fueron aprobadas. Tómese en cuenta que dicha consulta fue realizada hasta dos años y medio después de la firma de la paz, fuera del plazo establecido y después de haber sido sometidos sus contenidos a un proceso de desgaste que permitió a los sectores opositores recuperar la capacidad de hacerlos fracasar. El gobierno de turno no demostró esfuerzo alguno para promover su aprobación en dicho referendo.
Los Acuerdos de Paz no lograron transformar el sistema político electoral guatemalteco por uno realmente democrático y participativo. El financiamiento electoral ilícito; la cooptación del Estado a través de la utilización y compra de los partidos políticos; el tráfico de influencias, el transfuguismo y otras son prácticas vigentes, que dejan fuera toda posibilidad de que el pueblo exprese su voluntad en las urnas y que fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias tengan posibilidades de competir en condiciones de equidad.
Es hasta en las recientes reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aprobadas en marzo de 2016 y su inicio de aplicación, que se dan los primeros pasos hacia una democratización del sistema. No obstante, estas reformas deben pasar la prueba al ser puestas en práctica en el proceso electoral de 2019.
Reflexiones finales
En razón de sus objetivos, claramente establecidos, de superar las causas socioeconómicas y políticas que originaron el enfrentamiento armado interno y de sentar las bases para un nuevo desarrollo del país, nuestro balance general de cumplimiento es negativo. Aún con este resultado, es innegable que los Acuerdos de Paz marcaron el inicio de un proceso ya irreversible, de construcción de una Guatemala moderna, de creciente desarrollo, con justicia social y representativa de los pueblos que la conformamos. Por ello, y por la actual crisis política nacional que demuestra que la Agenda de la Paz es totalmente vigente y necesaria, URNG considera que es oportuno y necesario un nuevo esfuerzo nacional por reorientar al país hacia una nueva fase de su cumplimiento.
La implementación de los Acuerdos no contó con una sola estrategia nacional, sino al menos con dos claramente diferenciadas por sus objetivos: a) La que buscó conducir las energías del país hacia su cumplimiento en letra y espíritu, encabezada por la URNG, grupos progresistas y los sectores sociales organizados; y b), la que buscó únicamente un cumplimiento formal, operativo, no sustancial, el silencio de las armas por la estabilidad nacional para el impulso de sus agendas neoliberales en el país, encabezada por los sectores oligárquicos, con el respaldo de los gobiernos de turno y del Ejército.
Esta segunda posición se impuso desde los primeros años de la paz, con el proceso de privatización de la función pública y bienes del Estado, mientras que la segunda se debilitó al dividirse y dispersarse sus fuerzas.
Si bien hubo en algunos momentos intentos de voluntad gubernamental por cumplir algunos compromisos, las posiciones contrarias a los Acuerdos siempre se han impuesto, por lo que URNG considera que no es suficiente sólo la voluntad gubernamental como factor decisivo de cumplimiento, sino que se necesita una correlación de fuerzas sociales y políticas decididamente favorable a empujar y exigir dicho cumplimiento. Muchos de los actores políticos y empresariales que se han opuesto, enfrentan ahora a la justicia, habiéndose debilitado su posición por lo que, a 20 años de la suscripción del Acuerdo de Paz firme y duradera, se están gestando nuevas condiciones políticas favorables a su implementación.
Para que la sociedad se involucre en el nuevo impulso de los Acuerdos de Paz debe conocer sus contenidos y proyecciones y, sobre todo, sus beneficios.
¡A veinte años de la suscripción de los acuerdos de paz, su contenido y proyección siguen conservando plena vigencia!
Guatemala, diciembre de 2016
Comentarios recientes