Los Acuerdos de La Habana: ¡una mejor distribución de la riqueza!

Cumplir los Acuerdos en un periodo de diez años y costo económico de 100 millones de dólares es un logro y un avance que rompen el comportamiento miserable y tacaño del Estado y la oligarquía colombiana, que puede elevarnos a escala superior de la economía y el progreso de la nación.

La Guajira víctima del desequilibrio social. Foto JCH.

Nelson Fajardo

Concluye su función de espacio para los diálogos entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Fueron cuatro años, octubre de 2012 hasta hoy, llenos de alegrías, tristezas, tensiones, distensiones, contradicciones y unidad, en torno a lograr alcanzar el objetivo fundamental, la paz estable y duradera para Colombia.

Efectivamente, en esa dirección, se firman los acuerdos alcanzados por consenso entre las partes en conflicto. Consenso que expresa la voluntad de ambos contendores de mejorar el manejo de sus relaciones con respecto a la nación y el muy sufrido pueblo colombiano. Se trata, entre otros aspectos, de ampliar realmente la deteriorada democracia limitada que nos acompaña desde la Colonia española y que no se ha superado por la capacidad de la clase propietaria privada de la riqueza y los medios de producción estratégicos, de apoderarse y concentrar en sus manos, sin límite alguno, el poder político y económico de la nación.

Sin pretender, a través de los Diálogos de La Habana, alcanzar la superación definitiva de semejante comportamiento, los acuerdos logran mover algunos puntos para reducir la miserableza y la tacañería históricas del poder oligárquico; veamos algunas muestras en el plano económico:

a) El Gobierno nacional de Colombia suscribió un crédito externo de tipo programático con el KFW, Banco de Desarrollo Alemán, con el que el país dispondrá de hasta 100 millones de dólares para financiar temas relacionados con la paz por 10 años. Punto VI de los Acuerdos.

b) El Fondo de Tierras para democratizar el acceso a la tierra dispondrá millones de hectáreas, por determinar, en un periodo de años a precisar, tierras que provendrán de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación, tierras recuperadas provenientes de la Reserva Forestal para ampliar el Fondo, tierras inexplotadas, adquiridas o expropiadas; así como tierras donadas. Punto I de los Acuerdos.

c) Para dar solución a la sustitución de cultivos ilícitos, Punto IV de los Acuerdos, se contempla la exigencia de cumplimiento con la superación de la pobreza, promover la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, pero generando políticas y oportunidades productivas para los cultivadores, contribuir con el cierre de la frontera agrícola, fortalecer la participación y las capacidades de las organizaciones campesinas, entre otros objetivos favorables a la distribución (inversiones en capital constante) y a la redistribución (elevar el consumo de la población) de las riquezas.

Son propuestas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dirigidas a fortalecer el capital constante invertido en el progreso de la Nación, cuando se coloca prioridad en la búsqueda de recursos procedentes de fuera, y alcanzar créditos suaves y a largo plazo dirigidos a la educación. Esta breve reseña de apartes ligados a los Acuerdos en la economía dan señales evidentes, como claras, que las guerrillas de las FARC cumplieron su compromiso de negociar para obtener Acuerdos que favorezcan al pueblo, la nación y los colombianos.

Cumplir los Acuerdos en un periodo de diez años y costo económico de 100 millones de dólares; equivalentes a 299.900.000.000 de pesos, aproximadamente, es un logro y un avance que rompen, por primera vez, el comportamiento miserable y tacaño del Estado y la oligarquía colombiana, que puede elevarnos a escala superior de la economía y el progreso de la nación.

Pero hay que estar pendientes y alertas, primero, con la continuidad del modelo neoliberal de acumulación, la política de endeudamiento del Estado y el peligro de una ola de receso y estancamiento del Estado y la economía.