La reconciliación posible
Es imperativa la movilización social para que la sentencia del acto legislativo que crea la Jurisdicción sea adecuada a la reconciliación y que los exabruptos del Congreso en la reforma política, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial y las circunscripciones especiales sean corregidos.
Antonio Madariaga Reales
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
En un emotivo acto, un significativo número de representantes de la comunidad internacional, países y organismos multilaterales fueron testigos de la solidaria y respetuosa forma como las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Mesa por la Verdad y la Mesa de Justicia Transicional recibieron alborozadas a los consejeros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, y ofrecieron pleno respaldo a su mandato.
Insistieron las organizaciones presentes en la oportunidad de oro que la labor de la Comisión ofrece para el tránsito hacia la reconciliación que la sociedad colombiana requiere y merece.
Durante el encuentro se presentaron a la Comisión, además de ese respaldo, diferentes aproximaciones de víctimas, poblaciones y sectores, a las metodologías y rutas que podría desarrollar la Comisión, así como las expectativas que sobre los enfoques étnicos, etarios y de género tienen las organizaciones.
Es un hecho suficientemente conocido en el análisis comparado de los procesos de paz el que existe una tensión fundamental que atraviesa la implementación de los acuerdos suscritos y que está definida por la distancia en las expectativas de las partes que firman el acuerdo, y de estas con las víctimas, los sectores y las poblaciones.
Esa tensión se ve agravada en la medida en que la implementación, a diferencia de la negociación, implica la intervención de muchos otros actores diferentes a las partes firmantes. Ahora bien, a pesar de que se parte de la diferencia de expectativas, el éxito del acuerdo depende en buena parte en que el piso de los mínimos sea suficientemente compartido.
Lo que está meridianamente claro con las actuaciones de la Corte Constitucional y el Congreso de la República en esta semana es que esos mínimos no está establecidos, siendo el primero y tal vez el fundamental el que el proceso de paz es efectivamente una apuesta de sociedad por la reconciliación.
El acuerdo final para el logro de esa apuesta consigna algunos elementos básicos como son, la disminución de la inequidad en especial en la vida rural, la apertura democrática, la participación ciudadana, los derechos de las víctimas y por supuesto la reincorporación de los excombatientes a la vida económica, social y política del país.
Como expresiones concretas de ello están la reforma política y electoral, el estatuto de la oposición y las circunscripciones especiales. El Congreso ha pervertido ese camino, tramitando una reforma política tramposa, que aumenta la financiación estatal, pero sin aumentar los controles, manteniendo el carácter subordinado a los partidos de la autoridad electoral, permitiendo el transfuguismo, renunciando a la democratización de los partidos, poniendo condicionamientos no pactados a la participación política de los excombatientes y permitiendo a miembros de los partidos, candidatos en el pasado, presentarse a las circunscripciones especiales. De esa debacle se salva y no por mucho el estatuto para el ejercicio de la oposición.
Sin apertura democrática ni oportunidades para las nuevas fuerzas sociales y políticas y los territorios hoy no representados la reconciliación es un destino muy lejano.
El segundo pilar hacia la reconciliación, pactado en los acuerdos, es un sistema de justicia transicional para todos, óigase bien: todos, los actores del conflicto. El sentido de la decisión anunciada en el comunicado de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación está en dirección contraria al acuerdo final en la medida en que excluye a los terceros y a los no armados con lo que minimiza la JEP, impidiendo la reconciliación que se deriva del reconocimiento de responsabilidad de todos los actores del conflicto y en particular de quienes financiaron, apoyaron y se beneficiaron de las acciones armadas y las violaciones de derechos humanos.
Lo anterior es agravado por la decisión de la cámara de representantes de aprobar una proposición que excluye de manera inconstitucional a los defensores de derechos humanos que hayan litigado en los últimos cinco años de su participación a cualquier nivel de la estructura de la Jurisdicción Especial.
Sin dramatismos innecesarios, creemos que es imperativa la movilización social y la incidencia para lograr que la sentencia del acto legislativo que crea la Jurisdicción sea adecuada al propósito de la reconciliación y que los exabruptos del Congreso en la reforma política, la ley estatutaria de la jurisdicción especial y las circunscripciones especiales sean corregidos.
Coda: Llegan a feliz término las audiencias para recibir insumos de organizaciones de la sociedad civil para la definición de la metodología de participación ciudadana en las negociaciones de Quito y prosigue la actividad de la mesa de negociaciones entre el Gobierno y el ELN. Hay esperanza.
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Edición 568 – Semana del 17 al 23 de Noviembre de 2017
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