Interpretación clasista
Los Acuerdos de La Habana apenas constituyen un paso para instaurar la paz en nuestro país.
José Ramón Llanos
El texto de los Acuerdos de La Habana rubricados hasta ahora por el Gobierno y las FARC-EP, serán el guión que sirva para construir la paz en Colombia, a partir de la culminación exitosa de los diálogos. Como todo texto es susceptible de múltiples interpretaciones. Pero en este caso existe un intríngulis adicional. No solo cuenta la lógica como herramienta para dilucidar el contenido de los textos, sino que también la interpretación exige tener en cuenta los intereses y las conveniencias de la posición de clases de los intérpretes, cuestión esencial.
Ya tenemos elementos de juicio para ilustrar lo que afirmamos anteriormente, la posición del gobierno frente al Esmad. Cuando esperábamos que el ambiente imperante en La Habana nos condujera hacia una reingeniería de ese escuadrón generador de violenta represión contra la protesta popular, el Presidente nos anuncia su ampliación y fortalecimiento.
Lo mismo acontece con la interpretación de los acuerdos habidos hasta ahora. Los afectados con la existencia de los numerosos latifundios, que determinan la presencia de minifundios que condenan a las familias propietarias a la inhumana miseria y los académicos progresistas, esperaban que las primeros proyectos de leyes para desarrollar el primer punto del acuerdo Reforma Rural Integral, fundamentaría una reforma agraria y un mejor reparto de la tierra para empezar a eliminar esa forma de inequidad.
El Gobierno presentó e impulsó la aprobación del contenido de la ley Zidres. La lectura de los inversionistas y empresarios rurales y el presidente Juan Manuel Santos es que esa ley contribuye a mejorar las condiciones de vida en el campo y es un primer paso para construir la Reforma Rural Integral. Una interpretación del texto del Acuerdo desde la perspectiva de la burguesía.
La lectura desde los minifundistas y desde los sectores progresistas es que esa ley tiene como objeto legalizar los baldíos apropiados por palmeros y azucareros. Además, entregar las tierras de la altillanura a inversionistas extranjeros.
Como vemos con ese ejemplo, los Acuerdos de La Habana, apenas constituyen un paso para instaurar la paz en nuestro país. La lucha armada que desarrollaron las FARC para reformar el país, ahora se traslada al campo político y solo resultará positiva para los sectores excluidos y realmente democráticos si somos capaces de unir y movilizar al pueblo para crear una correlación de fuerzas en el parlamento para que logre leyes que efectivamente interpreten e implementen los acuerdos en clave progresista, en beneficio de las grandes mayorías. Debemos tener en cuenta que ya la extrema derecha ha intensificado sus ataques a los acuerdos y prepara la alianza Uribe – Vargas Lleras. Unifiquémonos en torno a un candidato que derrote esa alianza siniestra.
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