Garantizar buen acuerdo final
Los tres Acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP, anunciados el 23 de junio del año en curso, no deben sembrar la sensación en la opinión pública de que ya todo está dado para la firma del Acuerdo Final. El contexto jurídico y político contiene dificultades imprevisibles y complejas incertidumbres.
Sergio de Zubiría Samper
En cuestiones de acuerdos humanos las dificultades se incrementan cuando se acerca el momento definitivo y el proceso de La Habana no es una excepción a esta verdad elemental. Los tres Acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP, anunciados el 23 de junio del año en curso, no deben sembrar la sensación en la opinión pública de que ya todo está dado para la firma del Acuerdo Final. El cese bilateral de fuegos y hostilidades, las garantías de no repetición y un mecanismo convergente de refrendación, son simples estancias que se asemejan a las del laberinto construido por Dédalo en Creta.
El contexto jurídico contiene, al menos, cuatro dificultades imprevisibles. Primera, nadie puede anticipar el contenido concreto de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el mecanismo para la refrendación. Segunda, las diversas demandas contra el Acto Legislativo para la Paz tendrán un engorroso trámite, pueden copar más de tres meses y su sentencia definitiva tampoco es anticipable. Tercera, el cumplimiento literal de artículo transitorio para el ingreso del Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad no está plenamente garantizado. Cuarta, en el ingreso al bloque de constitucionalidad, no es previsible la distinción entre que el Acuerdo Final tenga fuerza normativa y que pueda lograr un nítido desarrollo normativo con eficacia material.
El contexto político arroja también otras complejas incertidumbres. En primer lugar, evaluar con rigor el estado real de los reagrupamientos de la derecha que se oponen al proceso de paz. En segundo lugar, la progresiva pérdida de legitimidad del gobierno Santos con sus políticas contra el pueblo para enfrentar la crisis capitalista. Tercera, las consecuencias políticas del aplazamiento de la instalación pública de las negociaciones con el ELN. Cuarta, los cambios en la situación política de los países del entorno suramericano que han apoyado decididamente el proceso.
Las salvedades y pendientes de la negociación son un cúmulo de aplazamientos. Un listado incompleto nos señala que aspectos substantivos del Acuerdo Final aún no han sido acordados.
No es posible un Acuerdo Final sin llegar a acuerdos definitivos sobre: a) Duración y extensión de hectáreas del Fondo Gratuito de Tierras; b) Ley amplia de Amnistía e Indulto; c) Garantías plenas de incorporación de las FARC-EP a la vida civil, de acuerdo con sus intereses; d) Sistema integral de implementación y verificación de lo acordado; e) Sentencia favorable de la Corte Constitucional del Acto Legislativo para la Paz; f) Número y temporalidad de las Circunscripciones Transitorias Especiales de paz en la Cámara; g) Plan Especial de Inversiones para la Paz; g) Ley de organización y funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz.
Tendremos que prepararnos para asumir con rigor y responsabilidad esta difícil etapa previa. Necesitamos un buen Acuerdo Final, creativo, inteligente y realizable.
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