El “Acuerdo de Unidad Nacional” en marcha

por Daniel Libreros
Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia

La unidad del frente burgués

El “acuerdo de unidad nacional” proclamado por el recientemente elegido presidente Juan Manuel Santos sigue su marcha. Expresa la unidad del conjunto de las fracciones de la clase dominante en el nuevo gobierno, tal y como ha quedado confirmado con los nombramientos ministeriales.

El próximo gabinete estará conformado por un vocero de la tecnocracia neoliberal como Juan Carlos Echeverry, quien ya ha oficiado como jefe del Departamento Nacional de Planeación, asesor del BID y consultor privado de grandes inversionistas; por María Ángela Holguín, quien apareció en la vida pública asesorando la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe en el tema de las relaciones internacionales, lo que le posibilitó el cargo de embajadora en Venezuela y ante Naciones Unidas; por un representante de la burguesía agroexportadora y de la Federación de Cafeteros, Juan Camilo Retrepo; por Carlos Rodado Noriega, garante de la “confianza inversionista” en el sector minero, y por un representante de los gremios regionales, Guillermo Cardona, quien ya fue alcalde de Manizales y gobernador de Caldas.

Además, harán parte del mismo Sandra Bessudo, hija del mayor negociante de ecoturismo en el país, y Beatriz Uribe quien sale de Camacol al nuevo Ministerio de la Vivienda.

Se trata de un gabinete hecho a “imagen y semejanza” de los intereses corporativos del gran capital, de un gabinete que en lo político combina personalidades que provienen de la tradición bipartidista con aquellos tecnócratas que han emergido en las últimas décadas asociados a la gestión interna de la globalización neoliberal. Tienen, además, otra particularidad: la mayoría de ellos es profesional de “tiempo parcial” en el ejercicio de las funciones públicas y en el mundo de los negocios. Hacen parte de esa franja de asesores que llegan a los altos cargos de la burocracia estatal para garantizarles a los inversionistas instituciones y contratos a “su medida” y luego vuelven, sin ningún pudor, a las jefaturas de los gremios. Personalizan la “privatización de lo público” que logró el neoliberalismo.

En el Congreso, el “acuerdo de unidad nacional” expresa el consenso entre clase política emergente y clase política tradicional. Aquel es resultado, en su mayoría, de un sistema electoral obsoleto que por exigencia de los caciques regionales y de los negociantes de votos no ha llegado ni siquiera al sufragio electrónico ¹, con márgenes de error considerables en la información que circula entre los jurados de mesas y los funcionarios de la Registraduría, lo que facilita la manipulación de los escrutinios al punto de que el Consejo Nacional Electoral, cuatro meses después de las elecciones aún no ha entregado las credenciales a la totalidad de los parlamentarios, en medio de denuncias de fraude generalizadas y de una constancia de la Misión de Observación Electoral en la que se evidenció que las elecciones en el Valle del Cauca fueron ilegítimas ².

Pero el control corrupto del sistema electoral por parte de los empresarios electorales es tan sólo la punta del iceberg de la forma como se ha venido ejerciendo el poder político regional y nacional en las últimas décadas. Las estadísticas confirman el peso que los políticos “emergentes”, asociados mayoritariamente al uribismo, han ganado en el parlamento. De los senadores elegidos son muchos los que se encuentran en problemas con la justicia: diez de los 28 senadores que pertenecen a la bancada del Partido de la U están judicializados; cuatro de los 23 por el Partido Conservador; dos de los 17 liberales, y tres de los ocho de Cambio Radical, para no hablar del PIN, una asociación para delinquir con objetivos políticos que contará con nueve senadores y que se convirtió en la cuarta fuerza electoral del país con 900 mil votos.

En la Cámara, en donde se expresan de manera directa los poderes regionales, las cifras fueron más altas. Algo similar ocurrió con la circunscripción especial de negritudes. Los candidatos de “La Gata” y de Juan Carlos Martínez se quedaron con esas curules ³.

A los grupos políticos “emergentes” se les han sumado los partidos tradicionales. La “desbandada” de parlamentarios liberales después de las elecciones presidenciales hacia el ganador obligó al directorio de ese partido a acomodarse como el último en la fila de colaboradores del nuevo gobierno. Vargas Lleras, que encabeza desde hace varios años una disidencia liberal, Cambio Radical, ya había optado por ese camino. En el Partido Conservador, que gozó de las ventajas burocráticas estatales durante los gobiernos de Uribe, ese deslizamiento político fue anterior. La propia candidatura oficial de Noemí fue menguada por los voceros del conservatismo uribista, y en la segunda vuelta presidencial todos sus miembros se sumaron al carro de la victoria.

Estas adhesiones expresan el cálculo realista de una clase política que sabe que el Congreso es súbdito del poder presidencial y de una tecnocracia asociada a las instituciones financieras internacionales –IFIS– y que debe resignarse a subsistir de la repartija burocrática y de la contratación pública. Grupos y partidos políticos emergentes y tradicionales asociados conforman una amalgama política ausente de ideología y de propósitos colectivos, que expresa no tan sólo la crisis de los partidos sino, igualmente, de la propia política. Esta amalgama grupal le garantizará a Santos quórum decisorio de más de las dos terceras partes en cualquier opción legislativa.

Intentando cooptar a la izquierda y al movimiento social

El “acuerdo nacional” va más allá de la unidad política del frente burgués. Intenta la cooptación de sectores organizados del movimiento social para convertirlos en apéndices corporativos del Establecimiento, a la manera de los regímenes autoritarios. La llegada al Ministerio del Trabajo de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, es tan sólo un incidente más en la consecución de este propósito. Habíamos presenciado anteriormente la creación de una organización indígena gubernamental, la OPIC, y los pasos iniciales hacia la conformación de una central de trabajadores oficial que, a no dudarlo, contará en el futuro inmediato con la adhesión de la CGT.

Igualmente, son suficientemente conocidas las convocatorias lideradas por José Obdulio Gaviria para crear una organización campesina funcional al Estado. Santos intentará centralizar esos esfuerzos en decisiones de política pública y con recursos fiscales, porque esa cooptación corporativa de franjas del movimiento social es una necesidad política del régimen para gestionar la crisis económica que se avecina y los planes de ajuste que la acompañan.

Sin embargo, la gran estrategia política del llamado “acuerdo de unidad nacional” está en el tema de la tierra. La apuesta gubernamental apuntará a activar inversión y mercadeo en las grandes extensiones de tierras que fueron apropiadas por el paramilitarismo en medio de la guerra y que se calculan en cuatro millones de hectáreas. Ello exige, previamente, una negociación con los paramilitares que, por lo demás, éstos ya han aceptado, a cambio de modificaciones en la ley de “Justicia y Paz”, que incluirían hasta la no extradición ⁴.

El diseño de la estrategia a seguir ya fue realizado por Alejandro Reyes, asesor de campaña de Santos en asuntos agrarios. En el portal “la Silla Vacía” ⁵, Reyes relata los elementos de esa estrategia: Establecer áreas prioritarias para la restitución de tierras, empezando con las 13 regiones en donde se han dado los despojos de tierras más grandes, Costa Atlántica, Urabá y el norte del Chocó; actualizar información sobre lotes baldíos; impulsar en el Congreso la ley y jurisdicción de tierras para encontrar procedimientos idóneos cuando la cuestión de la propiedad no pueda ser resuelta por la vía administrativa, entre otros. A los desplazados se les daría la opción de recuperar los títulos de propiedad de sus predios o de restituciones patrimoniales en el caso de que no estén interesados en retornar al campo.

La estrategia le sirve al gran capital y el modelo ya fue implementado en el Magdalena Medio con cultivos de palma aceitera. Llevarán desplazados a sus sitios de origen y en las zonas que los requieran realizarán repoblamientos argumentando la “reconciliación nacional”, el fin de las mafias locales y el verdadero inicio del “postconflicto” y fortaleciendo, de paso, la propuesta de “ley de punto final”.

Esos campesinos serán organizados en cooperativas asociadas a la gran producción de agrocombustibles o de agricultura para la exportación en donde las condiciones de inversión, financiación y mercadeo los obligan a participar en calidad de socios secundarios. Adicionalmente aumentará el empleo, así sea con salarios precarios, y el país será saludado en el universo de la globalización por utilizar tierras agrícolas hasta ahora desperdiciadas, reclamo que ya se encuentra en los textos de las IFIS, ante el aumento de la demanda de alimentos en el comercio mundial.

Esa es la apuesta; el que funcione o no depende de muchas variables de la política y la economía tanto nacional como internacional. Contra ella debemos seguir agitando la necesidad de una reforma agraria democrática que garantice soberanía alimentaria, alimentación para los colombianos pobres antes que agroexportación. Pero, desde ya, esta apuesta rural va a ser presentada como parte del “acuerdo de unidad nacional” con la izquierda.

Petro, quien hizo la propuesta de la negociación con los paramilitares durante su campaña presidencial, según el propio Alejandro Reyes, ya tiene un acuerdo con Santos para “jugar un rol clave como líder político propositivo y confrontador a la política de tierras”. “Petro será el encargado de liderar el debate sobre la restitución de tierras en Colombia. Eso nos permitirá generar consensos”. El PDA tiene la responsabilidad ante el país de ofrecer sin dilaciones un debate público sobre este asunto tan trascendental para el futuro inmediato de los colombianos.

Fuente: Revista Izquierda No. 3
Espacio Crítico