Elementos para el debate en el Partido FARC

La lucha por la paz en Colombia está íntima e indisolublemente ligada con la lucha por el poder político. Desconocer esta realidad, ya sea por ignorancia o por capricho, no solo es grave, es un verdadero suicidio político.

Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada)

No han sido fáciles estos cuatro años de transición, desde cuando firmamos el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, para quienes integramos en su momento las filas de las FARC-EP.

No solo hemos tenido que enfrentar dificultades personales, propias de un proceso en que dejamos atrás nuestra vida de profesionales revolucionarios, en la que dedicábamos las 24 horas del día a la organización, para iniciar la reincorporación socioeconómica y política, sino que además, y de manera simultanea, como partido, hemos debido enfrentar las dificultades propias de quien transita un camino desconocido, en el que los conocimientos y experiencia adquirida parecen insuficientes para sortear los nuevos retos. Es a esta última parte que queremos referirnos en este escrito, buscando aportar elementos para el análisis y la reflexión de la militancia.

Comencemos señalando que la búsqueda de la solución política del conflicto siempre fue y seguirá siendo una aspiración revolucionaria nacida del carácter humanista de nuestra lucha; consecuentes con ello, a lo largo de nuestra historia nunca nos negamos a dialogar con ningún gobierno que se expresara dispuesto a hacerlo. La solución política era el primer punto de nuestra Plataforma Bolivariana.

Desde cuando en enero de 1983 se desarrollaron los primeros contactos con el gobierno de Belisario Betancur, hasta noviembre de 2016, cuando firmamos el Acuerdo Final con el presidente Juan Manuel Santos en representación del Estado, fueron 33 años de conversaciones con distintos gobiernos, mediados por décadas de dura confrontación militar.

La Uribe, Caracas y Tlaxcala, el Caguán y La Habana, son capítulos de un prolongado proceso de diálogos en procura de la paz democrática, la paz con justicia social para nuestro pueblo.

Es en esa dura batalla diplomática que fuimos construyendo nuestra visión de la solución política, siempre ligada a la superación de los problemas que originaron y han prolongado el conflicto armado en Colombia, idea recogida en la pluma de Jacobo Arenas en sus magistrales obras referidas a los primeros capítulos de ese largo proceso de conversaciones y que todos nosotros conocemos: Cese el Fuego; Paz, Amigos y Enemigos; Correspondencia Secreta del Proceso de Paz; Vicisitudes del Proceso de Paz; son verdaderas joyas de la diplomacia y la política revolucionaria para encarar, a la luz de la realidad colombiana, la formulación de una táctica acertada que nos permita construir y consolidar una correlación de fuerzas favorable a los cambios que demanda la paz con justicia social y democracia para nuestro país.

Qué bien le vendría a toda la militancia releer estos textos en momentos en que la dificultad para afianzar la paz lleva a la defección a algunos, hace dudar a otros y paraliza unos tantos. En momentos en que, desde la derecha, pero también, lamentablemente, por parte de algunos que hicieron parte de la organización, o que aún mantienen una militancia así sea formal, se busca sembrar la desmoralización al interior del partido y de las masas populares, en una extraña coincidencia de propósitos.

Desde nuestro punto de vista, es en nuestra propia experiencia y recorrido histórico donde debemos buscar y encontrar respuesta a los interrogantes que nos plantea la nueva realidad surgida de los acuerdos de La Habana. Es en el análisis de nuestra propia realidad, como nación y como organización, que podremos hallar explicación objetiva para los complejos retos que se nos presentan en el actual momento y, por supuesto, encontrar también argumentos para salirle al paso a los pregoneros de la desmoralización y la desbandada del partido. Explicación objetiva y argumentos que nos deben, a su vez, ayudar a arrancarle a la realidad soluciones acertadas para el momento actual.

Política y guerra, guerra y paz

Un punto de partida necesario es la definición reiterada en los documentos farianos, tomada a su vez de un clásico, que nos enseña que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios, o, lo que es lo mismo, es la misma política, solo que desarrollada por otros medios; en este caso, los medios bélicos.

Y esto que nos puede parecer una verdad de Perogrullo no lo es tanto; veamos: Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, quiere decir que las partes enfrentadas en una confrontación militar, ya sean países aislados o bloques de países, o clases sociales, durante la guerra, no hacen más que desarrollar la misma política que adelantaban desde antes de la confrontación. Es decir: las naciones, los bloques de países o las clases sociales recurren a la guerra solamente como un instrumento para tratar de imponer al adversario su propia política.

Ahora bien, terminada la confrontación bélica, ya sea por el triunfo de uno de los oponentes, o porque se llegue a un acuerdo, es apenas lógico que los bandos enfrentados busquen continuar con la misma política que pretendían imponer por medio de la fuerza de las armas que, como ya dijimos, no es más que la defensa de sus intereses, puesto que, así como la política se transforma en guerra, la guerra se transforma en política; pero siempre, ya sea en uno u otro caso, las clases, las naciones o las coaliciones de naciones, seguirán buscando desarrollar la misma política; o, lo que es lo mismo, defender sus propios intereses, así temporalmente aparezcan como derrotados, a menos que, se trate de una claudicación o renuncia a sus propios intereses.

Olvidarse de estas verdades, aparentemente tan básicas, es lo que lleva a muchos a no entender el actual momento en materia de la lucha por la implementación del Acuerdo, algo que se hizo evidente prácticamente desde el momento de la firma, cuando aparecieron visiones distintas al interior del partido frente a los incumplimientos, tanto del gobierno de Juan Manuel Santos como del gobierno de Iván Duque.

Como todo indica, hubo quienes se hicieron ilusiones, según se desprende de sus propias declaraciones, creyendo que la firma del Acuerdo haría cambiar de política a la clase dominante en Colombia, cuando aseguran sentirse engañados por el Estado.

Si es así, debemos decir con claridad que fueron ellos mismos los que se engañaron, puesto que parten de una visión subjetiva y romántica de la política, según la cual, la firma del Acuerdo por parte del jefe del Estado sería suficiente para que la clase dominante, representada fielmente por los presidentes de turno, cambiara su política de terrorismo de estado, su concepción de seguridad nacional que ve un enemigo en todo aquel que luche por cambios en la sociedad; se engañaron si creyeron que, por el hecho de la firma, se transformaría como por arte de magia el carácter del régimen político imperante.

Lo anterior nos lleva a una pregunta. Si ya sabíamos que, por el solo hecho de la firma, el Estado no iba a cambiar su esencia, no iba a cumplir lo pactado, si no fue un engaño, entonces, ¿por qué firmar ese acuerdo? ¿Fue una traición, como han querido argumentar algunos?

Ni engaño, ni traición. Para explicarnos debemos recurrir a otras dos verdades sabidas y repetidas hasta el cansancio en las horas culturales de la antigua guerrilla: la primera, la política no es más que el reflejo de las contradicciones de las clases, de los intereses de esas clases, es el manejo adecuado de esas contradicciones para hacer avanzar los intereses de la clase que representa un determinado partido, movimiento o grupo social; la segunda verdad, aquella que nos enseña que los protagonistas de los cambios son los pueblos, las masas, como llamamos nosotros a los sectores populares.

Dicho lo anterior, debemos reafirmar otra verdad elemental: todo acuerdo de paz es un acuerdo político, es decir: un acuerdo en el que dos adversarios conciertan tramitar sus diferencias, es decir sus intereses, ya no por medio de las armas, sino por medios diplomáticos o democráticos; resaltar lo anterior no deja de ser importante para entender que el cumplimiento, o no, está en directa relación con la correlación de fuerzas de las partes firmantes de dicho acuerdo; la política, al igual que la guerra, es un problema de fuerza. En la guerra de fuerza militar, en la política de fuerza de masas, de opinión, de apoyo de fuerzas sociales y políticas.

Es por eso que se equivocan quienes creen que simplemente quejándonos de los incumplimientos gubernamentales y del Estado vamos a lograr la implementación integral del Acuerdo. Se equivocan porque creer que la implementación del Acuerdo de Paz es un problema de voluntad no solo es erróneo, es, además, entrar en el campo del subjetivismo y el voluntarismo, ambos sumamente nocivos en política por alejarnos de la realidad y ponernos a transitar caminos apartados de la necesaria objetividad que debe caracterizar nuestra visión de los fenómenos y nuestro trabajo político; mucho más, tratándose de temas tan relevantes para el proyecto político histórico que representamos.

Con lo anterior no estamos diciendo que no debamos alzar la voz exigiendo el cumplimiento estatal, no. Lo que estamos diciendo es que eso no es suficiente; mientras nuestra voz no esté lo suficientemente acompañada de la fuerza de otros sectores sociales y políticos, mientras no modifiquemos la correlación de fuerzas para volcarla de manera favorable hacia el apoyo a la implementación integral del Acuerdo, mientras el Gobierno y el poder sigan en manos de los sectores que históricamente se han beneficiado del conflicto armado, sencillamente no habrá dicha implementación integral. Ya dijimos que la política es un problema de fuerza.

Reiteradamente hemos sostenido que lograr la paz estable y duradera exige que la inmensa mayoría de los colombianos hagan suyo ese acuerdo, lo defiendan y se muestren dispuestos a luchar por su materialización; de ahí es que debemos partir para entender cómo encarar la disputa por la implementación dentro del actual momento político y sobre esa base definir cuáles son las tareas prioritarias en cada coyuntura.

De estos asertos, entre otros, partimos cuando definimos firmar el Acuerdo de La Habana. Jamás se nos ocurrió pensar que, como lo dijo en algún momento Alfonso López Michelsen, más lúcido que muchos de quienes hoy se presentan como los verdaderos defensores del Acuerdo, la oligarquía colombiana nos fuera a hacer la revolución por decreto.

En cambio, lo que sí puede lograr el Acuerdo, y de hecho en parte lo va logrando, es correr las trancas que, por la prolongación del conflicto armado, mantuvieron represadas fuerzas sociales y políticas capaces de definir una contradicción política fundamental en la sociedad colombiana que sigue sin resolverse, 39 años después de que la Séptima Conferencia definiera que en Colombia la única salida real a la crisis es la salida revolucionaria, es decir la democratización del país en toda la amplitud de la palabra, independientemente de que por momentos parezca consolidarse la salida fascista, pues al final no terminaría siendo una solución real y más bien terminará por ahondar las contradicciones.

Como se ve, el problema es más complejo de lo que algunos piensan, dado que la lucha por la paz no es algo aislado del conjunto de la realidad socioeconómica y política del país. Es decir, la lucha por la paz en Colombia está íntima e indisolublemente ligada con la lucha por el poder político. Desconocer esta realidad, ya sea por ignorancia o por capricho, no solo es grave, es un verdadero suicidio político.

Máxime si por ceguera, o por inexplicables intereses, se decide enfilar baterías contra la dirección partidaria para reclamarle por los incumplimientos del Estado, al tiempo que muy poco, o nada, se hace por fortalecer al partido y su incidencia política y social, tal como lo viene haciendo un grupo de compañeros, desde dentro y fuera de las filas partidarias, para los cuales el objetivo ya no es contribuir, junto con otros sectores sociales y políticos a construir el bloque alternativo que asuma la tarea histórica de la paz y las consecuentes transformaciones democráticas para Colombia, sino acabar como sea, y utilizando los métodos más reprochables, con la dirección partidaria.

Convergencia política y social por un gobierno que asuma las tareas de la paz, la democracia y la soberanía nacional

La Primera Asamblea, o congreso constitutivo del partido, nos dotó de orientaciones claras en la perspectiva de ayudar a construir la más amplia convergencia que se requiere para lograr la paz completa e integral en nuestro país, es decir, la paz con justicia social, la paz con democracia verdadera, la paz definitiva que aleje el uso de las armas en la política, lo que implica resolver todas las expresiones violentas que aún persisten en nuestro país, por la vía del diálogo, tal como está contenido en el punto 3 del Acuerdo.

Pasada esa asamblea, nos vimos abocados, sin la preparación suficiente, a encarar nuestras primeras experiencias electorales en el 2018 y 2019, así como el trabajo parlamentario; no vamos a ahondar aquí en el balance de estos dos aspectos que le corresponde hacer al conjunto de la militancia que hoy conformamos el colectivo partidario, simplemente señalar que transcurridos algo más de tres años desde el lanzamiento del partido, y dos años y medio de trabajo parlamentario, estamos obligados a alistarnos para enfrentar lo que será nuestra segunda participación en unas elecciones parlamentarias y presidenciales.

Con ese motivo, y dada la realidad que nos impidió realizar la segunda asamblea en abril de 2020, tal como estaba citada, el Consejo Político Nacional, por mayoría, aprobó proponer al pleno del Consejo Nacional de los Comunes convocar una asamblea extraordinaria que avance en algunos aspectos relacionados con esta importante tarea.

La reacción no se hizo esperar por parte de aquellos que, desde fuera y dentro del partido, incluidos algunos integrantes del CPN, han decidido convertir a la dirección partidaria en el objetivo principal de su actividad fraccionalista. Dejando de lado las calumnias, los epítetos y las descalificaciones que abundan en los escritos que hemos conocido, a la vez que escasean los argumentos, nos vamos a limitar a señalar dos aspectos que nos parecen centrales en la discusión planteada.

Un primer aspecto es aquel según el cual la asamblea, por ser la máxima instancia de dirección, antes que discutir la estrategia electoral, la plataforma política, una propuesta para la convergencia y definir un nuevo nombre para el partido, debe ocuparse del tema de los asesinatos de exguerrilleros y los incumplimientos del Acuerdo.

Olvidan los compañeros, o por lo menos quieren hacerse los olvidados, que hemos realizado seis plenos, antes del de diciembre pasado; y, si se tomaran el tiempo de revisar las conclusiones y declaraciones políticas de los mismos, encontrarán que en todos ellos nos hemos ocupado ampliamente de esos temas, sin que por eso se hayan detenido los asesinatos, ni el Gobierno se haya sentido obligado a cumplir las conclusiones de los plenos, dado que, como ya dijimos, la implementación del Acuerdo no es un tema subjetivo que dependa de nuestra voluntad, es un problema político objetivo que depende de la correlación de fuerzas y se resuelve en el marco general de la lucha de clases que, como también ya lo señalamos, hace que en Colombia la lucha por la paz pase por el tema del poder, lo que necesariamente nos lleva al tema de las próximas elecciones, puesto que si las fuerzas que estamos por la paz y la democracia no somos capaces de ganar las mayorías para elegir un próximo gobierno, y vuelven a ganar la presidencia los enemigos de la paz, sencillamente no van a parar los asesinatos y la implementación no solo seguirá siendo una quimera, será mucho peor: la prolongación y degradación del conflicto armado nos hundirá como nación en un
lodazal de dolor y sangre.

Cómo puede verse, se equivocan quienes quieren mantener al partido limitado al tema de la implementación del Acuerdo, por fuera del contexto general de la lucha política que, a partir de ahora, gústenos o no, pasa por el tema de las elecciones del próximo año que deben elegir congreso y presidente de la república. Y todo esto, lógicamente pone al orden del día la consigna central de la primera asamblea en relación con la necesidad de la más amplia convergencia para lograr los cambios que necesita Colombia, lo que implica imperativamente ganar el gobierno en la próxima contienda electoral por parte de las fuerzas que estamos por la vida, por la paz, por la democracia. Esa es la tarea central del momento y en ella está implícita la defensa del Acuerdo y la seguridad de los exguerrilleros y los líderes sociales.

Todo esto nos obliga a tener que definir de inmediato la estrategia electoral para el 2022 y consecuentemente las líneas sobre las cuales proyectemos nuestro papel dentro en el proceso de construcción de la convergencia. Sin esas herramientas, en la práctica, estaremos incapacitados para jugar un papel activo en ese proceso o lo haremos de manera espontánea sin claridad de objetivos. Que eso nos pasara en 2018 se explica por las premuras del momento, repetirlo cuatro años después sería sencillamente inexplicable e injustificable.

No creemos que esto sea demasiado difícil de comprender. Por eso estamos seguros de que lo que buscan es paralizar la actividad partidaria, tratar de sabotear las tareas y el trabajo de dirección para sembrar confusión e intentar hacerse a la dirección del partido. Además porque el manejo que le han venido dando a la discusión interna quienes la han emprendido contra la dirección así lo confirma.

Las contradicciones internas, la disciplina partidaria y los principios organizativos

La práctica, que siempre es más rica que la teoría, nos demostró que muchas de las expectativas que teníamos cuando firmamos el Acuerdo no se materializaron, entre otras, por no estar fundadas en la realidad. Los resultados electorales de 2018 son apenas un ejemplo, pero hay más.

La unidad, la cohesión, la disciplina y el cumplimiento de nuestros principios organizativos, que caracterizaron nuestra etapa de lucha armada, rápidamente comenzaron a sufrir menoscabo al dar el salto a partido legal; sería muy extenso tratar de agotar este complejo fenómeno en un documento de este carácter, pero esta debe ser una tarea a corto plazo por parte de los organismos de dirección nacional. Aquí solamente haremos unas menciones generales que nos sirvan de referente para el momento y la situación actual, sin pretender agotar el tema.

Quienes pertenecimos a las filas de las FARC-EP siempre fuimos claros, porque así lo contemplaban nuestros documentos, que nos regía una disciplina proletario-militar, es decir: una disciplina con carácter de clase, determinada más por el elevado objetivo revolucionario que nos proponemos que por el carácter de ejército guerrillero. Por la misma razón estaba claramente establecido que obedecíamos a dos tipos de disciplina, una militar y otra política. “Los combatientes de las FARC-EP, en su condición de revolucionarios integrales, obedecen en lo político a formulaciones estratégicas y a concepciones tácticas y al mismo tiempo a concepciones estratégicas, operacionales y tácticas de orden militar”.

Lo anterior es muy importante subrayarlo para entender por qué se equivocan quienes creen que al dejar de ser organización político-militar y pasar a ser partido político legal, desaparece como por encanto la disciplina partidaria, desconociendo que, como no hemos renunciado al elevado objetivo revolucionario que buscamos, no somos un partido cualquiera que busca simplemente llegar a ser gobierno. Eso nos convierte en claro objetivo del terrorismo de estado característico del régimen político que existe en Colombia.

Es lo elevado de nuestro objetivo político lo que nos impone, como necesidad, esa disciplina con profundo contenido de clase, que a algunos no les gusta, simplemente porque su pensamiento y sus aspiraciones no van más allá de las que pueden satisfacerse dentro de otros partidos. De allí nace esa contradicción que no les permite sentirse cómodos cumpliendo los principios partidarios y por eso los violan reiteradamente mientras los invocan de palabra.

Nada les significa el centralismo democrático que obliga a la minoría a defender y trabajar por las decisiones de la mayoría hasta tanto no se vuelva a abrir la discusión correspondiente, que es lo que permite pasar a la acción y la realización de las tareas. Son partidarios de la discusión permanente que lleva a la anarquía y el desorden. No se sienten obligados a cumplir con las orientaciones de las instancias superiores si no coinciden con sus propias visiones, porque sus verdaderos principios son los del liberalismo.

La militancia orgánica, tal como nosotros la concebimos, no les parece porque su idea de pertenencia al partido se limita a una simple manifestación, sin ningún otro nivel de compromiso. Eso sí, al tiempo reclaman para sí todos los derechos. La dirección colectiva solo obliga a los demás, ellos pueden hacer y deshacer sin consultar con el partido, pero si se presentan problemas es el partido quien debe resolvérselos.

El manejo de las contradicciones a través de los mecanismos internos no les parece bien, porque su objetivo no es hacer que el partido mejore, su objetivo es romper la unidad e imponer como sea su visión de las cosas, así sea recurriendo a la abierta violación de los principios que aseguran defender.

Por eso, no vacilan en recurrir a la calumnia, a la conseja, al señalamiento, a la descalificación, con tal de lograr sus objetivos.

Ahora, como han quedado en evidencia al conocerse la relatoría de una reunión realizada en el departamento del Cauca, en la que acordaron tratar de imponer un orden del día para la asamblea, distinto al aprobado por el pleno del Consejo Nacional de los Comunes, salen a decir que no van a participar y lo más curioso es que lo hacen a nombre de la democracia partidaria.

No se requiere más argumentación, ellos mismos se han desnudado.

La asamblea extraordinaria de los días 22, 23 y 24 de enero de 2021 es una oportunidad de oro que tenemos los militantes del partido para cerrar filas contra estas concepciones que, tras un lenguaje aparentemente radical, lo que esconden son propósitos personalistas.

Enero 18 de 2021

Julián Gallo Cubillos
(Carlos Antonio Lozada)
Integrante del Consejo Político Nacional