Las condiciones carcelarias y Simón Trinidad
El gobierno nacional guarda un silencio absoluto mientras la gran prensa prefiere mirar hacia otro lado, nadie parece conmoverse.
Gabriel Ángel
La prensa anuncia que Colombia se halla próxima a firmar con China un convenio de repatriación de presos. Una buena parte de ellos se halla incriminada por hechos relacionados con el comercio internacional de narcóticos, en particular por el intento de ingresar alguna cantidad de droga a ese país. Al parecer son razones humanitarias las que inspiran el acuerdo, pues las condiciones de reclusión en el país asiático son terribles.
¿Quién va a oponerse a algo así? Ojalá se materializaran esas repatriaciones en el menor tiempo posible. Lo malo no está en eso, sino en la hipocresía que demuestran el gobierno colombiano y los grandes medios que difunden las dramáticas historias vividas por los compatriotas encarcelados en el país asiático. Aquí, en las prisiones de Bogotá y demás ciudades colombianas, los reclusos viven en condiciones semejantes y son muy pocos los que se conmueven por ello.
En la actualidad se cumple una huelga de hambre por parte de los prisioneros políticos que reclaman, desde atención médica elemental a condiciones medianamente dignas de encierro. El gobierno nacional guarda un silencio absoluto mientras la gran prensa prefiere mirar hacia otro lado. Nadie parece conmoverse por lo que ocurre al interior de las cárceles colombianas. Quizás comience a suceder cuando lleguen a ellas y se sumen a la protesta los repatriados de China.
Igual puede pensarse con relación al caso de Simón Trinidad. Nadie ignora que fue ofrecido en entrega a los Estados Unidos por el Presidente Uribe después de su captura en Quito, y que el gobierno norteamericano explicó que su sistema judicial no tenía cargos de ninguna naturaleza contra él. Por eso Uribe ofreció todo tipo de información falsa a objeto de que se iniciaran en Norteamérica procesos que permitieran solicitar su extradición.
Hacerlo requirió de un año completo. Se improvisaron contra él los cargos de narcotráfico, terrorismo y secuestro, y desde Colombia fueron enviados fiscales y testigos con el fin de construir la trama que permitiera condenarlo. De la cárcel de alta seguridad en Cómbita se lo trasladó al filo de la noche de fin de año a Washington, en donde fue recibido por una impresionante operación policial que lo condujo a su prisión bajo tierra en condiciones infrahumanas.
Simón Trinidad fue absuelto en los sucesivos juicios que los jueces norteamericanos le siguieron por narcotráfico y terrorismo, dejando por tierra las acusaciones promovidas por Uribe. Así que en un último y desesperado intento se lo vinculó al supuesto secuestro de tres contratistas norteamericanos, que habían caído en poder del Bloque Sur de las FARC cuando realizaban labores de espionaje aéreo, esto es una acción militar en una zona de guerra.
Son suficientemente conocidas las presiones ejercidas sobre el jurado de conciencia para que profiriera su fallo final de culpabilidad. A Simón Trinidad ni siquiera pudieron sentenciarlo por secuestro, sino por una maroma jurídica que llamaron conspiración para cometer ese delito. Supuestamente participó en la elaboración de un plan destinado a secuestrar los tres norteamericanos. Un absurdo total, cuando dicha acción fue resultado de un afortunado azar.
De remate le impusieron la pena de sesenta años, abiertamente superior a cualquier condena imponible en Colombia, algo que prohíbe el mismo tratado de extradición. En resumen, es tan claro como la luz del día, que su caso fue en realidad el resultado de un grotesco proceso de intereses y manipulaciones. El gobierno de Álvaro Uribe buscó perversamente su encierro de por vida en prisión con el exclusivo propósito de escarmentar al resto de las FARC.
No hay que pertenecer a las FARC para darse cuenta de la abierta injusticia que se comete con Simón Trinidad. Si viviéramos en un país en el que la decencia tuviera algún valor dentro de las condiciones hegemónicas de dominación, su caso fácilmente generaría un escándalo similar al desatado en Francia por la falsa acusación formulada contra el capitán Alfred Dreyfus hace poco más de un siglo. Pero aquí la taimería es virtud y lo correcto es hacerse los pendejos.
Con independencia de que las FARC hayan incluido el nombre de Simón Trinidad en la lista de voceros plenipotenciarios para la Mesa de Conversaciones de La Habana, y haciendo abstracción de lo que haya podido conversarse con los gobiernos colombiano y norteamericano al respecto, me temo que en la actualidad estamos guardando al respecto un silencio bastante parecido a la estupidez, como proclamó la Junta Tuitiva de La Paz en 1809.
Creo que no debe limitarse la lucha por la libertad de Simón Trinidad a lo que se converse en la Mesa. Se trata de un caso simbólico sobre el carácter terrorista e infame del régimen dominante en Colombia. Simón es un ciudadano colombiano sometido a las peores condiciones en un país lejano. Ese sólo hecho debía movilizar a las gentes de buena voluntad, a la opinión nacional, a cualquier gobierno que hable de paz y de resarcir a las víctimas del conflicto.
Es hora de dejar la hipocresía a un lado. Recién en los mismos Estados Unidos otorgaron una pena benigna al jefe paramilitar Jorge 40, cuyos vínculos con el narcotráfico se trataron con la más asombrosa bondad. Algo increíble si no habláramos de una justicia que actúa bajo la más grosera manipulación dictada por las conveniencias. Ya no estamos en los tiempos de George Bush, claro que puede traerse a Simón Trinidad a la Mesa, es un sencillo asunto de conciencia.
Como se puede y debe mejorar de manera inmediata la condición carcelaria de todas las personas privadas de la libertad en Colombia. La huelga de hambre que se cumple en la actualidad no es la lucha de unos guerrilleros presos, como puede pensarse a la ligera. Es la misma lucha del pueblo que clama por mejores condiciones de vida, porque se comience a avanzar realmente en el cierre de la brecha de la desigualdad social, porque podamos hacer del nuestro un país decente.
Montañas de Colombia, 22 de noviembre de 2015.
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