Las felonías de un converso

Marino Cañizales
Abogado Laboralista
Magister en Filosofía
Universidad del Valle

El pasado 9 de marzo, el ex gobernador del Valle y delegado del presidente Álvaro Uribe ante la OIT, anunció su retiro de dicho cargo e hizo pública la decisión de acompañar a Juan Manuel Santos como su fórmula a la vicepresidencia de la República. Así lo expresó en ese momento, y, luego, para que no quedaran dudas, ratificó su decisión con estrambóticas declaraciones en reportaje concedido al diario El País de Cali el día 21 del citado mes, en el cual, además, se declaró “independiente y de centro-izquierda”. Esta fue su última felonía, si se tiene en cuenta su anterior y lamentable desempeño dentro de la mencionada organización.

Los cargos por violaciones a los derechos humanos y por la larga lista de líderes sindicales asesinados en el transcurso del gobierno que termina no pudieron ser desvirtuados por él, pues a eso fue, terminando convertido en un burócrata bien pagado en dólares. Como gobernador del Valle hizo parte de la comisión negociadora del TLC con el gobierno de los EE.UU., liderada por el presidente Uribe, la cual viajó a Washington con el único fin de demostrarle al Congreso norteamericano, en particular al Partido Demócrata, que sus objeciones para no aprobar dicho tratado por los cargos antes descritos eran infundadas.

Ya antes, durante el gobierno de Andrés Pastrana, había ocupado el cargo de ministro del Trabajo, cuota, según parece, no de los trabajadores y sus sindicatos, sino de la cúpula de la Iglesia católica y del Nuncio Apostólico, condición clerical que mantuvo en su gobernación al darle asiento en el gabinete al arzobispo de Cali, como si viviéramos en un estado confesional. Al final de dicho gobierno, a pocos días de la posesión de Álvaro Uribe Vélez como nuevo presidente, firmó con los demás ministros del gabinete, sin dársele nada, la cláusula de reserva que, por un término de siete años, suspendía la vigencia en Colombia del Tratado de Roma y la aplicación de la jurisdicción residual de la Corte Penal Internacional en la investigación y castigo de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En consonancia con esto, poco después tuvo lugar el celebrado Pacto de Rialito, y el Congreso de la República dio su aprobación a la Ley de “Justicia y Paz” que cubrió con un espeso manto de impunidad a los autores de los crímenes tantas veces negados.

La decisión de acompañar a Juan Manuel Santos como su fórmula a la vicepresidencia le hace olvidar a ese ex militante de la izquierda que fue miembro de la dirección nacional del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, así como también de la Alianza Democrática – M19. También olvida, gracias a su cínica amnesia, que miles de miembros de la UP fueron asesinados y que este genocidio continúa impune. Esa misma amnesia le sirve para no recordar que en el presente gobierno, en especial durante el desempeño de Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, se cometieron crímenes de estado y de lesa humanidad que los medios de comunicación han calificado eufemísticamente de “falsos positivos”, los cuales tienen a Uribe Vélez y su administración en la picota pública.

Como si lo anterior fuese poco, el ex gobernador de marras nos dice, en el mencionado reportaje, que tomó la decisión de acompañar al ex ministro de Defensa en la campaña por la presidencia de la República porque está convencido de “que Juan Manuel Santos, por su conocimiento y por su experiencia, es la persona más indicada para gobernar a Colombia a partir del 7 de agosto, para consolidar esta ruta de progreso en el país en materia de ‘seguridad democrática’, en materia de indicadores económicos y sociales y en derechos humanos y fortalecimiento institucional, que han llegado a niveles altos con el presidente Uribe”.

En su éxtasis uribista, dicho personaje se niega a recordar que Álvaro Uribe, como senador de la República, fue ponente de la ley 50 de 1990 por medio de la cual se desmontó gran parte de la legislación laboral vigente y fueron destruidos los sindicatos junto con los derechos de asociación y negociación colectiva. Tampoco quiere recordar que ese mismo senador, durante el gobierno de César Gaviria, fue ponente de la ley 100 de 1993, la cual hizo posible la liquidación del ISS y del servicio público hospitalario, privatizó la salud pública y la seguridad social, creó el engendro de las EPS y convirtió a los enfermos y pacientes de nuestro país en mercancías. Flaca es la memoria del ex gobernador, quien fuera también secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Como ex constituyente, su capitulación no puede ser más vergonzosa. El estado policíaco establecido por el gobierno de su jefe en la presidencia de la República personifica a nivel nacional e internacional la total negación de la Carta de Derechos Fundamentales contenida en la Constitución Política de l991, de la cual –como vocero de la Alianza Democrática – M19– fue coautor y partícipe en su aprobación.

El régimen de la “seguridad democrática” que tanto exalta el ex gobernador –y ahora vicepresidente– en sus reportajes y actos públicos a lo largo y ancho del país es, por los crímenes que lo definen, la negación del estado social de derecho: así lo demuestran los miles de fosas comunes, más de cuatro millones de desplazados, una contrarreforma agraria apuntalada en el terror, la criminalización y destrucción de resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes, el espionaje y persecución a críticos, opositores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los asesinatos y desapariciones de líderes sindicales y sociales, la conversión del estado colombiano en un protectorado yanqui y el copamiento de los órganos de control.

Es éste el verdadero “progreso y fortalecimiento institucional” que Juan Manuel Santos y su vicepresidente van a defender y continuar. Lo demás es papel mojado.

Ahora bien, cuando se entrega un ideal y se abandona una causa justa, tomando como propias las banderas y el programa del bando contrario, el repudio individual y colectivo no se deja esperar. La confusión reina, y también el asco. Sin embargo, el felón cuenta con las flaquezas de la memoria. Hace del olvido un factor de legitimación y espera que el impacto de su gesto languidezca cubierto por el silencio y la indiferencia. El ruido provocado por los medios hará el resto, embotando las conciencias para que todo quede reducido a una vulgar anécdota.

Pero, a pesar de ese olvido anhelado con afán, el significado y el peso de su traición siempre estarán presentes. La herida causada en la memoria colectiva no se cierra. El renegado será despreciado por quienes en el mundo del trabajo y de las luchas sociales construyen día a día su vida y la de los suyos, encarando las iniquidades y las lacras del sistema capitalista. Estos saben, así sea en forma intuitiva, que las luchas por la igualdad y la justicia requieren de carácter, firmeza en las ideas y principios y claridad de propósitos. Sin tales rasgos, no es posible lealtad alguna. Los del bando contrario también saben esto, por eso desprecian a quien comete felonía, y es la certeza de este desprecio lo que torna apasionado al converso. Necesita con urgencia ser reconocido por ellos.

Su capitulación requiere ser enfatizada con nuevos gestos y decisiones. Y, entre más se afirma en su nueva condición, más abyecto se vuelve, confirmando aquel viejo proverbio que dice: “No hay peor perverso que el converso”. Al final, ese buscado reconocimiento nunca llegará. Sólo tendrá frente a sí el asco moral –el peor de los ascos– de aquellos que fueron sus compañeros de lucha. Tal es el derrotero que se ha trazado el ex gobernador del Valle, hoy vicepresidente de Colombia.

Ante tal perspectiva, los arribistas y la tan cacareada centro-izquierda están de plácemes, pues será con ellos y de la mano de ellos que podrá realizar su cometido, haciendo uso de su arma favorita, la cooptación, que tan buenos resultados le dio a su paso por la Gobernación del Valle, donde casi destruyó la dirección regional del Polo Democrático Alternativo y convirtió a combativos sindicatos en botín de directorio y casas de empleo al servicio de su administración y de la alcaldía de Cali.

A nivel nacional, los estragos de tal política empiezan a verse: es el caso de la reciente adhesión a la campaña electoral de Juan Manuel Santos por parte de Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), miembro de la dirección nacional del PDA y uno de los principales promotores de la candidatura de Gustavo Petro.

También es el caso, según el fementido ex gobernador, de la adhesión de Sintrainagro y de “centenares de organizaciones de la CUT”. En reportaje concedido al diario El Espectador el pasado 6 de junio, no sólo se vanagloria de lo anterior, sino que, además, nos dice, con el fin de ilustrar uno de los ejes de su proyecto político, que “hoy en Colombia tenemos muchos dirigentes sindicales que nos hemos atrevido a dar el paso a la política para acceder a los escenarios del poder de estado”. Sólo que le faltó decir: en alianza con el régimen político imperante, la Iglesia católica, la patronal y las multinacionales. Por ello, dicho reportaje constituye una confesión de parte cuando afirma: “No está en nuestra agenda una reforma laboral”. Con esto, está dicho todo.

Fuente: Revista Izquierda No. 3
Espacio Crítico