El modelo de capital extranjero en marihuana: caso Barichara

Barichara es un municipio con sentidas situaciones de escasez de agua, cuyas fuentes debe compartir con Villanueva y otros.

Foto: Gobernación de Santander

Aurelio Suárez Montoya

Nada más aplaudido en determinados momentos que la ley 1787 de 2016 por la que tres ministerios, Salud, Agricultura y Justicia, reglamentarían conjuntamente todo lo concerniente al control y la regulación de las actividades de cultivo, producción, fabricación, adquisición de cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis y de sus derivados y de los productos que lo contengan con fines medicinales y científicos.

A la sazón se empezó a hablar de que Colombia se convertiría en una potencia mundial de este producto. “Que podría ser un nuevo commodity para el país”, dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al dar a conocer hace un mes que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes le abrió al país un cupo de 40,5 toneladas de producción, de un total mundial anual licenciado de 155,5.

En esa misma línea se conoció que seis empresas ya tienen licencia local para producir cannabis (tanto psicoactiva como no psicoactiva) y derivados, unas subsidiarias de compañías internacionales basadas en Canadá y otras tres nacionales, alguna también en busca de socios de dicho país: Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S., Khiron Life Sciences Corp., FCM Global S.A.S, Canmecol S.A.S, Medcann S.A.S. y Cannavida.

Para tal propósito, esta última compañía adquirió 17 hectáreas en inmediaciones de la vereda Santa Helena, en el área rural del emblemático municipio de Barichara. La transacción –y es de esperar que se haya efectuado en el marco legal apropiado por ser de hecho tierra en manos extranjeras– empezó a alertar a las comunidades locales y rurales circundantes, cuando vieron en la propiedad de la canadiense excavaciones de pozos subterráneos de agua hasta de 80 metros de profundidad. Barichara es un municipio con sentidas situaciones de escasez de agua, cuyas fuentes debe compartir con Villanueva y otros.

Tales preocupaciones no son infundadas: el cultivo de marihuana, según investigadores de California Department of Fish and Wildlife, acorde con USA Today en agosto de 2015, encontraron que en el Triángulo Esmeralda, cuatro cuencas hidrográficas que suplen agua, entre 23 mil y 32 mil plantas agotan de 138 mil a 192 mil galones por día.

Se ratifica que cada planta consume diariamente seis litros. Si se asume que Cannavida sembrará al menos diez hectáreas, a razón de 2.500 plantas por hectárea, se podría hablar de un gasto cotidiano de al menos 125 mil litros, más de 45 mil metros cúbicos al año, ya que la marihuana “es una planta sedienta”.

Además, el cultivo de marihuana consume altos contenidos de plaguicidas, incluidos los rodeicidas, pues parece atractivo a este género de animales. La combinación de agua con este paquete produce al final un torrente de lixiviados que afectan todo el entorno y lo depredan. Su efecto sobre los cafetales, incluidos proyectos de caficultura orgánica comunitaria, podría ser, de concretarse, claramente devastador. Estas consideraciones, y el que en Canadá y otros países sea muy costoso producir, han hecho de Colombia, país tropical, un nuevo origen bajo el esquema principal de compañías extranjeras que se ubican acá, el mismo esquema inicial del café y del banano y demás géneros tropicales en que se decidió encasillarnos bajo el manido principio de “ventaja competitiva”.

En efecto, así como en el café los países productores reciben sólo uno de cada diez dólares del consumo final en taza, en la marihuana, acorde con cálculos de distintos centros de investigación, se habla de que los productos finales tendrán al menos 60 veces más valor que el producto primo. Es decir, se repite la eterna historia de beneficios foráneos y costos nacionales, no respetan ni a Barichara. ¿Hasta cuándo este sistema colonial?

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