Santos decreta emergencia en la frontera en favor de multinacionales

Esta nueva salida de Santos y sus ministros, acompañados por unos embajadores de la cuerda gringa, no atiende la compleja problemática social, económica y política del corredor Cúcuta-San Antonio.

Explotación de carbón térmico en Norte de Santander.

Horacio Duque Giraldo

La casta dominante en el Estado y el gobierno no desaprovecha oportunidad para hacer negocios y amasar fortunas. La crisis de la frontera con Venezuela se utiliza para decretar una emergencia económica cuyo contenido se canaliza para favorecer las multinacionales del carbón que se roban este recurso minero de miles de campesinos e indígenas del Catatumbo y la destrucción de ecosistemas estratégicos; igualmente para beneficiar los operadores cambiarios que manipulan el portal Dolar Today, instrumento de la guerra económica contra la sociedad venezolana.

Santos ha decretado uno de los estados de excepción previsto en la Constitución Política colombiana, el estado de emergencia económica, para supuestamente atender los problemas económicos suscitados por el cierre de la frontera con Venezuela, ordenada desde el gobierno bolivariano de Venezuela con el fin de hacer frente al contrabando de combustibles y alimentos, la presencia masiva de los grupos terroristas paramilitares y la manipulación monetaria con el dólar que realizan miles de operadores cambiarios.

Aparentemente la medida tiene como objetivo atender las apremiantes necesidades de la población colombiana indocumentada que se regresa desde San Antonio del Táchira y de otros municipios del Estado vecino, y de quienes huyen por estar ligados a las redes criminales del paramilitarismo que azota a los venezolanos con el cobro de vacunas, extorsiones, secuestros y asesinatos.

Sin embargo, al examinar con detenimiento las acciones establecidas, que son acompañadas con una retórica humanista demagógica, poco es lo que benefician a las personas, mujeres, niños, ancianos y desempleados, tal como se difunde por las redes de comunicación al servicio de las elites dominantes.

El trasfondo de los decretos tiene como objetivo favorecer las multinacionales que explotan y saquean los recursos mineros estratégicos, como el carbón, que se extrae de los municipios nortesantandereanos de Cúcuta, Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata.

Casi todas las políticas del gobierno nacional que preside Santos en lo relacionado con dicha región siempre tienen como finalidad entregar prebendas a dichas empresas. Sucedió con el Conpes (documento de Planeación Nacional) del Catatumbo expedido en el 2011; ocurrió con los acuerdos para poner fin al potente paro agrario del 2013, que se desviaron para invertir en vías y autopistas, como la del carbón, construidas con inversiones públicas, que benefician en gran medida a los conglomerados globales del carbón, sin importar la situación social de los indígenas, de los campesinos y la integridad de los ecosistemas estratégicos como ríos, lagunas, reservas forestales, humedales y fauna típica de la zona.

Nunca esos acuerdos para levantar el paro agrario del Catatumbo se cumplieron y después de dos años los campesinos e indígenas han debido tomarse por estos días las instalaciones centrales del Ministerio de Agricultura para presionar el desembolso de cerca de 100 millones de dólares que el ministro titular ha desviado para satisfacer los apetitos de los gamonales santistas.

Sucede con el Conpes de fronteras, el 3805, que es manipulado por la casta política nortesantandereana para forrarse en fortunas y extender sus tentáculos politiqueros con el apoyo de las bandas mercenarias del paramilitarismo que se han propagado hacia el territorio venezolano.

Así que esta nueva salida de Santos y sus ministros, acompañados por unos embajadores de la cuerda gringa, no atiende la compleja problemática social, económica y política del corredor Cúcuta-San Antonio.

De otro lado, llama la atención que la tal emergencia económica no se hubiese utilizado para resolver uno de los más graves problemas detonantes de la actual crisis.

Me refiero al tema del Dolar Today que es utilizado para provocar enormes distorsiones en el mercado venezolano de las divisas, como la inflación y especulación.

En efecto, desde el mes de mayo del año 2000, está vigente la resolución externa Nº 8 de la Junta Directiva del Banco de la República, mediante la cual se autorizó a cualquier persona, natural o jurídica, intervenir en el mercado de monedas extranjeras. Esta norma, en la práctica, legalizó la denominada “ventanilla siniestra”, que en el gobierno de López Michelsen (1974-1978) sirvió para lavar millones de dólares provenientes del tráfico de marimba. Centenares de personas eran enviadas por las mafias de la marihuana a monetizar los dólares de los embarques mediante cambios hechos en las oficinas regionales del Banco de la República, especialmente en La Guajira, Valledupar, Santa Marta y Bogotá. Por esa vía se legalizaron e ingresaron miles de millones de dólares del narcotráfico en el torrente monetario ordinario.

A partir de esa experiencia es que se expidió la resolución Nº 8 del 2000, que en los últimos 15 años propició la conformación de miles de ventanillas cambiarias por todo el país. Usted va a Cúcuta, Ipiales (en la frontera con Ecuador), Barranquilla, Medellín, Bogotá y se encuentra con tales entidades comprando y vendiendo dólares sin el mayor control de la DIAN ni la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la policía cambiaria del Ministerio de Hacienda.

En Cúcuta y la frontera existen miles de esas casas de cambio. Tienen un gremio que las agrupa, el cual trabaja en llave con los políticos oficialistas de la región, con las mafias del contrabando y con los jefes del paramilitarismo.

Por allí circulan miles de millones de dólares traídos desde Caracas, y negociados con la tarifa determinada diariamente por el Banco de la República, el punto de referencia del denominado Dolar Today, que es el azote de la economía venezolana, fuente de la especulación, la inflación y el sabotaje de la política monetaria del Estado venezolano.

Nada de eso lo tocó Santos con su emergencia económica, para que nos demos cuenta por dónde van los tiros de la guerra económica y el golpe suave.

Esos son los asuntos que la Casa de Nariño y la oligarquía dominante en Bogotá se niegan a tocar en un diálogo directo como el que ha solicitado el presidente Maduro con las autoridades colombianas para construir una nueva frontera.

Lo mismo pasa con el paramilitarismo: se oponen a profundizar la colaboración con el ejército bolivariano para perseguir en caliente en el territorio colombiano a los jefes y redes del paramilitarismo. Prefieren hacerse los de la vista gorda con el Iguano, Jorge Iván Laverde Zapata, quien regresó a Puerto Santander a reorganizar estas bandas para tomarse las poblaciones de los vecinos estados del Táchira y Zulia e instalar los hornos crematorios utilizados de tiempo atrás en Cúcuta y Villa del Rosario.

Comportamiento que está indicando las perversas intenciones de los actuales gobernantes de la Casa de Nariño. Es que están bajo el patronazgo del Comando Sur yanqui y sus generales golpistas.

Nota. Infame la manipulación de Paracol y demás sistemas mediáticos del régimen político colombiano. Su capacidad de mentir no tiene limites. Son los principales instrumentos de la agresión imperialista y de la casta española contra el pueblo de Bolívar y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es un tema que se debe llevar a las instancias internacionales por la manifiesta violación del derecho a la libre expresión y de pensamiento de los ciudadanos. Son unos mercenarios del micrófono, de la imagen y del análisis amañado, sin posibilidad de ser controvertido.

Y hablan de democracia y libertad.