¿Qué es el cese al fuego bilateral?

La alternativa para frenar el caminar de la muerte en Colombia. Análisis de la figura del cese al fuego bilateral en el actual contexto de los diálogos de paz y el conflicto armado

Nicolás Uribe Rivera & Antonio Gómez Sánchez

Contexto y panorama político de Colombia en el inicio de la Mesa de Diálogo de La Habana

Durante el desarrollo de los procesos de diálogo que se han dado desde la conformación de la insurgencia en la década de 1960 del siglo XX, el Cese al Fuego Bilateral ha estado como uno de los ejes nodales de las conversaciones en relación a la terminación de la confrontación armada, así como la discusión entorno al indulto y la amnistía.

Amén de estos requerimientos de los procesos, se encuentran las exigencias para transformaciones sociales que la insurgencia ha logrado introducir en las diferentes agendas a lo largo de la historia de los intentos de salida negociada al conflicto social y armado que vive nuestro país.

A pesar de que la inclusión de temáticas como la reforma agraria integral, la participación política de los sectores excluidos o reformas estructurales al Estado y al modelo económico han estado dentro de las agendas, la posición del Estado colombiano ha sido siempre reticente frente a las mismas y ha sido la insurgencia quien ha insistido en poner de presente dichas temáticas para lograr un acuerdo de paz. No obstante, el Estado ha reconocido durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002) y el actual gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), la necesidad de abordar las reformas estructurales que necesita Colombia, reconociendo parcialmente el estado de cosas por las cuales se presentó el alzamiento en armas de los campesinos en Marquetalia en 1964¹ -en lo que serían luego las FARC-EP- y de los campesinos y estudiantes universitarios en Simacota, Santander –lugar de fundación del Ejército de Liberación Nacional, ELN- causas estructurales del conflicto colombiano que permanecen en el tiempo y que el Estado no ha podido resolver.

En algunos momentos, el cese al fuego unilateral por parte de las guerrillas ha sido exigido por los gobiernos colombianos como una condición para pactar cualquier tipo de escenario de desmovilización y reintegración a la vida civil de los combatientes. Generalmente esta exigencia ha omitido el carácter de actor político alzado en armas de la insurgencia, viendo la problemática en Colombia no como producto del desarrollo de un conflicto social y armado, sino desde la perspectiva de una fuerza al margen de la ley alzada en armas, que debe tener tratamiento de ejército ilegal o aún, en el período más sangriento de la historia reciente del país (gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010) como una “amenaza terrorista contra una democracia estable y legítima”².

Desde la llegada al poder de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe Vélez en su segundo mandato (2006-2010), se esperaba que fuera la misma política de Estado la que se desarrollara desde la Casa de Nariño con respecto al conflicto. Es más, los más duros golpes contra la insurgencia armada de las FARC-EP, fueron precisamente con Santos como Ministro de Defensa (muerte a los comandantes del Secretariado Mayor, Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, Iván Ríos, Jorge Briceño y su máximo comandante, Alfonso Cano, todos actos de guerra en condiciones infrahumanas, violando el Derecho Internacional Humanitario). La elección de Santos por el Partido de la U (centro derecha) en 2010, por encima de Antanas Mockus del Partido Verde (centro), se consideró en la opinión pública como una votación que refrendaba la política guerrerista de su antecesor, denominada con el eufemismo de seguridad democrática.

No obstante, poco después de su posesión, Juan Manuel Santos empezó un aparente proceso de desmarcaje político (que nunca económico) con el gobierno anterior, nombrando a Germán Vargas Lleras (del centroderechista Partido Cambio Radical y mediático “enemigo” de Uribe Vélez) como su Ministro del Interior, a Rafael Pardo (del tradicional Partido Liberal y tibio opositor del Gobierno anterior), así como algunas medidas contrarias a lo realizado por Uribe Vélez durante la larga noche de los ocho años de su Gobierno.

Desde el punto de vista político, el Gobierno Santos llamó a la Unidad Nacional (otro de los eufemismos de la clase dirigente colombiana) alrededor suyo, esto era: La alianza política entre los principales partidos políticos de centro y centro derecha en torno a una agenda legislativa particular. Así, contó con el apoyo inicial de los tradicionales Partido Conservador, del Partido Liberal, así como de sus escisiones: El Partido de la U (creado por Liberales en torno a la figura de Uribe Vélez), Cambio Radical (creado por algunos disidentes del Partido Liberal) y algunos apoyos del centrista y aún parvulario en ese momento Partido Verde.

La primera gran incidencia de esta jugarreta política que significó un cambio drástico en la manera de tratar el tema de la guerra en Colombia por parte del Ejecutivo, tuvo que ver con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras³. En dicha Ley, que fue trabada y negada por el gobierno anterior, se establece y se reconoce por parte del Estado colombiano la existencia de un conflicto armado cuyas bases están sentadas sobre lo social y lo político, lo que en consecuencia, reconocía a la insurgencia como un actor político alzado en armas.

Esto, en definitiva, marcó la primera gran ruptura entre el Gobierno Uribe y el de Santos y desde allí, el ex presidente inició una mediática y meliflua oposición, desmarcándose totalmente de su antecesor, al menos desde el punto de vista mediático y de apoyo político, puesto que desde el punto de vista macroeconómico, existen pocas diferencias reales entre uno y otro gobierno⁴.

Pero tras la Ley de Víctimas, el siguiente paso importante de diferenciación entre uno y otro dirigente fue el inicio de las conversaciones⁵ con la insurgencia de las FARC-EP en La Habana anunciado por el gobierno de Santos en agosto de 2012, con una Agenda concreta de cinco puntos (Desarrollo Agrario Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Víctimas y Cultivos de uso ilícito) que se denominó “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”⁶ . Dicha Agenda se constituye sin duda como el avance más claro que se ha tenido entre el Estado colombiano e insurgencia a lo largo de la historia de los procesos de paz desde 1982 a la actualidad.

Fin del conflicto y cese al fuego bilateral y definitivo

A la fecha de hoy, se han entregado ya los avances parciales de la Mesa de Diálogos de La Habana sobre tres de los cinco puntos acordados: lo referente a Política de Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y el Problema de los Cultivos de uso Ilícito.

Sin embargo, en dicho marco la premisa fundamental ha girado entorno a que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo que quiere decir que “los acuerdos que hemos ido construyendo están condicionados a que lleguemos al Acuerdo Final sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos ya que todos están interrelacionados”⁷. En términos prácticos, esto ha significado una renuncia por parte del Gobierno a declarar acciones tendientes al cese al fuego, a pesar de las treguas unilaterales de las FARC-EP, la renuncia a la práctica de la retención o secuestro y la declaratoria de dicha guerrilla de no incorporar en sus filas a menores de 17 años que han sido considerados como acciones claras tendientes a desescalar la confrontación.

Al encontrarse avanzados tres de los cinco puntos, el Gobierno ha optado por dejar el cese al fuego bilateral y definitivo para la discusión del punto tercero sobre Fin del Conflicto, negándose a la petición de diversos sectores sociales, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto⁸.

Se establece entonces una Mesa de Diálogo sujeta a los diferentes momentos que se puedan presentar en la dinámica de la confrontación armada y dejando a un lado la exigencia histórica de las comunidades que han tenido que vivir en medio de la guerra y las cuales han terminado por ser involucradas en la misma, violando claramente sus Derechos Humanos y atentando contra el Derecho Internacional Humanitario. Algo que en medio de la guerra podría verse como lo más lógico, pero que, en definitiva, no se logra dimensionar en medio del desarrollo de la Mesa de La Habana. La responsabilidad de esta violación sistemática de los Derechos Humanos en esta confrontación recae en la parte de la Mesa que no ha querido parar la guerra ni bajar su intensidad, bajo el principio que el presidente Santos no se cansa de repetir: “Hay que combatir el terrorismo como si no existiera proceso de paz y persistir en la búsqueda de la paz como si no existiera el terrorismo”⁹ , y que las FARC han declarado su rechazo vehemente a dicha tesis mediante diversos comunicados en los que insisten en la declaratoria del Cese Bilateral¹⁰.

El panorama entonces parece claro frente al tema: Una política de Estado que no quiere avanzar en un cese de hostilidades y una insurgencia que exige de manera repetitiva la realización de un acuerdo a la brevedad respecto al tema. A su vez, unos sectores políticos ligados a poderes tradicionales y guerreristas que trabajan seriamente por entorpecer los avances del proceso y presionan para no permitir el cese al fuego; y unas comunidades organizadas que viven directamente la dinámica del conflicto que trabajan por la exigencia de la declaratoria de un cese al fuego bilateral desde sus regiones¹¹.

Derecho Internacional Humanitario y el conflicto en Colombia

El principio de distinción, de proporcionalidad, persona protegida, bienes indispensables para la supervivencia, bienes protegidos y trato humano, principios del Derecho Internacional Humanitario, han llegado a ser violados como una práctica recurrente y sistemática del Estado (según se ha analizado por varios trabajos académicos¹²), además de la insurgencia, quienes manifiestan son efectos colaterales de la guerra. El DIH es entendido como un marco jurídico internacional que pretende humanizar la guerra, en algunos casos, ha sido utilizado por el establecimiento para generar indignación contra la insurgencia en la población y sus acciones en los territorios, ocultando y desconociendo las situaciones donde las Fuerzas Militares junto con la Policía infringen cualquier principio. Se condiciona el discurso según el momento, sobre el trato a la guerrilla como una amenaza terrorista y no como una acción cometida en el marco del conflicto armado que vive Colombia, el cual ha sido reconocido por el Estado. Asistimos a una contradicción por parte del gobierno que raya con la esquizofrenia: mientras trata a la insurgencia como actor político en La Habana, en el territorio colombiano se los trata como terroristas.

Es claro que avanzar en la Mesa en medio de la guerra es un contrasentido en el momento actual de los Diálogos y lo único que genera es un estancamiento en el avance de los acuerdos. Así queda demostrado a partir de los acontecimientos sucedidos el 14 de abril pasado, en la vereda La Esperanza en el departamento del Cauca, en donde murieron 11 militares a causa de la guerrilla de las FARC-EP. Aquí, el país conoció dos versiones al respecto: una que afirma que se violó la tregua unilateral de carácter indefinido decretada el 20 de Diciembre del 2014 por parte de dicha insurgencia, y otra donde esta acción de las FARC-EP es realizada por un asedio que se presentaba de días atrás por parte de tropas de la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional.

A partir de estos hechos se hace necesario y urgente poner sobre la mesa del debate público y en la Mesa de La Habana, la necesidad de un Cese al Fuego Bilateral e indefinido, que entorpezca el caminar de la muerte en Colombia, el cual únicamente cambiará su dimensión drásticamente cuando la población obtenga la justicia social y se dé vía cierta a la construcción de una paz estable y duradera.

Es así que ante cualquier escenario de confrontación (una asonada, una emboscada o un patrullaje) se convertirá en una carta de juego dentro del proceso de paz (ya sea para atacarlo o para imponer posiciones dentro de la Mesa), haciendo difícil que el proceso no se estanque, se pause o hasta sea posible vislumbrar su fecha de rompimiento.

Se hace necesario preguntarse entonces ¿Qué es el cese al fuego bilateral? ¿Qué implicaciones tendría? ¿Existe algún tipo de normatividad nacional o internacional al respecto? Miremos un poco al respecto:

En el Reglamento Relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, el cual se encuentra Anexo al Convenio IV de Ginebra relativo a las leyes y costumbres de la guerra¹³ , en el Capitulo V. de la Sección II. Hostilidades, se establece que el armisticio es la suspensión de las operaciones de guerra por mutuo acuerdo de las partes beligerantes. La violación de las cláusulas del armisticio por particulares que obren por propia iniciativa, da derecho solamente a exigir el castigo de los culpables. Así mismo se encuentra consignado que toda violación grave del armisticio por una de las partes da a la otra el derecho de denunciarlo, y aún en caso urgente, de reanudar inmediatamente las hostilidades ¹⁴.

José Silva Santisteban (1858) define al armisticio como la suspensión de armas, la breve cesación de hostilidades respecto a un punto dado, o con algún urgente o determinado objeto, siendo ilícito hacer durante el armisticio aquello que no ha sido pactado; pudiendo ser acordado por el jefe de las fuerzas. La tregua vendría siendo un armisticio de grandes proporciones en cuanto a lugar y objeto, suspendiendo las hostilidades por un plazo más o menos dilatado. Esta podría definirse en la totalidad del territorio o en una parte, y de igual manera para toda clase de objetos o sólo para unos determinados. Una tregua general por largo o indeterminado tiempo suspende los efectos de la guerra (aplaza la situación hostil), mientras que el tratado de paz remueve las causas impulsivas de la misma.

Acontecimientos históricos del Cese al Fuego Bilateral: un repaso general

En el desarrollo de los diferentes intentos de llegar a un acuerdo que logre acabar con la guerra en Colombia, se han establecido escenarios de armisticios e intentos de tregua entre las fuerzas de seguridad del Estado y la diversidad insurgente. Acontecimientos que dejan profundas enseñanzas sobre los mecanismos de implementación, las implicaciones y proyecciones de una tregua, además de los posibles obstáculos que se puedan presentar.

Desde el Cese al Fuego Bilateral decretado el 28 de Mayo de 1984 ¹⁵ en el Gobierno de Belisario Betancur, se prometieron adelantar una serie de reformas políticas y sociales que nunca se llevaron a cabo. El acuerdo incluía una comisión amplia que funcionara como mecanismo de verificación del cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en los acuerdos y un período de tregua durante un año que permitiría a las FARC-EP y al Gobierno Nacional organizarse para materializar el acuerdo en el tiempo. Un Cese al Fuego y Tregua que pretendía comenzar a construir un ambiente de paz que terminara desencadenando un proceso de apertura democrática.

El proceso del Cese al Fuego Bilateral del Gobierno Betancur fue obstaculizado por los grandes opositores que tuvo en el país -las Fuerzas Armadas encabezando la lista- lo cual se evidenció en enero de 1984 cuando iniciaba la discusión nacional frente al tema y el General Fernando Landazábal, para entonces Ministro de Defensa, declararía que “el cese al fuego es una cosa que las Fuerzas Militares y el gobierno no van a dar (…) hay cosas de principios que no se pueden aceptar”¹⁶. La tregua firmada con la insurgencia encabezada por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, se prolongaría hasta marzo de 1986, cuando se presenta un ataque a una estructura del Ejército en la zona amazónica en julio de 1987, sustentada por los voceros insurgentes, como reacción a un cerco previo a un campamento de la insurgencia (como sucedió en Buenos Aires, Cauca en abril de este año).

Tras la creación de la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo que tenía como propósito establecer acuerdos similares a los logrados con las FARC-EP con otras agrupaciones insurgentes, según fue consignado en el carácter del acuerdo realizado con esta guerrilla, entre el 23 y 24 de agosto de 1984 en el Cauca, en el Huila y en Antioquia, se firman acuerdos de Cese al Fuego con el Movimiento 19 de Abril –M19-, el Ejército Popular de Liberación –EPL-, y la Auto Defensa Obrera (ADO). La tregua firmada con el resto de movimientos dentro de los cuales se incluía al M19, culminó en enero de 1985.

Todo el esfuerzo que se había realizado para el pacto de la tregua empieza a ser entorpecido por las Fuerzas Militares, dedicadas a generar provocaciones contra los movimientos guerrilleros (similar a como sucedió en abril del presente año en el departamento del Cauca) y que, para el caso particular del M19, el 10 de agosto de 1984 asesinan a uno de sus líderes en Bucaramanga, Carlos Toledo Plata¹⁷.

En entrevista con la teórica marxista chilena Marta Harnecker (1989), el dirigente del Partido Comunista Colombiano, Gilberto Vieira, rememora al M19 como la primera organización en romper la tregua y volver a la lucha armada con mayor intensidad. Al igual que en el M19, en el EPL empiezan a caer sus dirigentes como el caso de Oscar William Calvo, quien fuera el delegado de dicha guerrilla para la Comisión de Paz del Gobierno de Betancur.

La promesa-objetivo de la apertura democrática no solamente estaba presente en el acuerdo con las FARC-EP, puesto que con el resto de movimientos guerrilleros el Cese al Fuego Bilateral era el requisito fundamental para poder iniciar el estudio y puesta en marcha de reformas estructurales necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población colombiana –mayoritariamente excluida a través de la historia-, y en la cual se planteaba la participación de la sociedad en general, como un principio básico que exigieron siempre las organizaciones guerrilleras para avanzar en el éxito de cualquier proceso de solución política al conflicto.

Después de la ruptura de los acuerdos entre los movimientos armados y el Gobierno Nacional, debida entre otros aspectos a una campaña de exterminio masivo y sistemático de asesinatos en contra de miembros de la Unión Patriótica¹⁸, se inician los diálogos de Caracas-Tlaxcala el 3 de Junio de 1991, durante la presidencia de César Gaviria y en medio del desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente ¹⁹.

También en los diálogos de Caracas-Tlaxcala la insurgencia propendía por un cese bilateral al fuego, sin condicionantes previos y con veeduría nacional e internacional, propuesta que fue negada por parte del Gobierno, quien ofrecía negociar las condiciones de inserción política a quien firmara los requisitos para una desmovilización. Una vez más no se llegó a ningún tipo de acuerdo y por tanto a ninguna implementación en esta materia.

Para el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el diálogo con las FARC-EP también se llevó a cabo en medio de la guerra, despejando un territorio en particular para la concentración de la insurgencia y el desarrollo de los diálogos, haciendo la salvedad que en el resto del territorio nacional los combates se seguían desarrollando.

Los múltiples combates que se presentaban en medio de los demorados avances frente al crecimiento económico y el empleo, entre otros temas de la Agenda Común para una Nueva Colombia, fue generando una progresiva resistencia en la opinión pública nacional alimentada por distintos sectores a la posibilidad de continuar los diálogos en medio de los operativos militares. Derivado de esto, se planteaba continuamente la necesidad de abordar la Mesa en relación al Cese al fuego y de hostilidades ²⁰, pues se temía que en efecto sucediera lo que se veía venir: el 20 de Febrero del 2002 el gobierno da por terminada la Mesa de negociación a raíz de la retención de un senador de la República por parte de las FARC-EP.

La historia se sigue repitiendo, la insurgencia afirma que en Buenos Aires Cauca se desarrolló un desembarco de tropas, sumado a la llegada de más unidades militares que tenían la intención de atacar a los guerrilleros acampados en el área, como ha sucedido en repetidas ocasiones. En efecto es una situación que se genera a causa de un asedio militar a los campamentos guerrilleros y que no se presenta únicamente en el Cauca, sino en otros territorios de la geografía nacional, como el Frente Amplio lo ha venido afirmando²¹.

Una historia de treguas invadida por una fuerte oposición por parte de sectores políticos y armados que ha llevado a la reactivación de la confrontación y por tanto del sufrimiento de las comunidades en el país. Recrudecimiento del conflicto que se ha podido evitar donde hubiese mayor control por parte del Estado sobre sus tropas, un efectivo control y disminución (hasta su desaparición) de la amenaza paramilitar, así como una mayor coordinación de los grupos insurgentes (alineando estratégicamente su accionar desde lo que podría ser la reactivación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar) disminuyendo y enfocando el accionar bélico sobre los objetivos de carácter netamente militar.

Implicaciones del cese al fuego bilateral

El cese al fuego bilateral implicaría que no solamente se dé la interrupción del funcionamiento de los fusiles o el ruido del plomo, sino que además cualquier tipo de violencia ejercida como medio de lucha política sea utilizada por alguna de las partes. Es decir que el Estado tendría que asumir frente a la nación el férreo compromiso en el reconocimiento de su participación en la creación del paramilitarismo y la permisividad con sus estructuras, eliminando el ejercicio de la violencia política de sus prácticas cotidianas con sus agentes directos o indirectos en la violación a los Derechos Humanos de la población. Así mismo, como ha venido reconociendo –por primera vez en la historia- en La Habana la insurgencia, aceptando que en el desarrollo de la guerra y el recrudecimiento de su naturaleza, se han presentado acciones que han dejado víctimas civiles y que están dispuestos a que haya una reparación integral y un compromiso de la Mesa a la no repetición de las victimizaciones de un lado ni del otro.

Será imposible alcanzar un cese al fuego bilateral mientras el Estado colombiano no se comprometa a atacar a las grupos paramilitares y a realizar el esclarecimiento de su estructura y funcionamiento, además de supeditar el orden militar al orden civil, controlando así el hostigamiento de posibles unidades de las fuerzas militares a los grupos insurgentes, amén de las campañas subrepticias para romper con el cese al fuego y peor aún con el proceso de paz (según lo evidencian varios acontecimientos de la historia del país).

Es entonces que la interrupción inmediata del reclutamiento por parte no sólo de la insurgencia, sino de la fuerzas militares del Estado tendría que hacerse real, para este último bajo la figura del servicio militar obligatorio, haciendo efectivo el servicio social como una alternativa para la construcción de un ambiente de paz, aportando cada una de las partes su cuota de responsabilidad.

Sería necesario una revisión de la doctrina de seguridad que se ha impartido en las fuerzas armadas colombianas, donde los manuales ya no fueran los documentos Santafé (I, II, III Y IV), ni las escuelas fueran la antigua Escuela de las Américas, importando modelos extranjeros de la guerra fría. Aunque el gobierno del presidente Santos se niegue, la creación de una doctrina militar acorde a nuestra realidad, para la postguerra y la construcción de un acuerdo de paz, sería necesariamente el siguiente tema a abordar, pues las estrategias de quitarle el agua al pez, la mancha de aceite, o la creación de un enemigo interno, entre otras tácticas de guerra, perderán vigencia.

Una pausa en la confrontación implicaría la búsqueda de un momento más propicio para la acción, recomponiendo los equilibrios de la guerra y buscando una correlación de fuerzas favorable para hablar de paz, o en el entendimiento de la búsqueda que la lucha política o el conflicto de grandes intereses, ya no se desarrolle bajo la herramienta sangrienta²².

Es así que en el actual proceso de paz y el momento político en el que este se encuentra, se vuelve necesario entender el cese al fuego bilateral como un paso necesario en la dinámica de la guerra, en donde la política es superior a esta, y por tanto, las aspiraciones son las que mantienen el rumbo. Cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos inicia el proceso de paz con las FARC-EP reconoce el carácter político del conflicto y, por consiguiente, las motivaciones de lograr la paz no pueden ser mas débiles que las actuaciones en la guerra, pues estaría dejando de lado la razón por la pasión en la acción, estableciendo la supremacía de la guerra sobre la política.

Se hace necesario que desde el gobierno se ejerza coherencia con su planteamiento político, que además de posibilitar el reordenamiento del poder en el país, disminuiría la continua aparición de víctimas a raíz de la eliminación de sólo una de sus causas, que es la guerra.

El Cese al Fuego Bilateral mediado por la participación de gobiernos y organismos internacionales, así como de las partes y la misma sociedad colombiana organizada, estarían encargados de coordinar y verificar su cumplimiento, evitando cualquier tipo de suspicacia en el caso de un “ataque militar de las partes”, como ha sucedido en el pasado causando el rompimiento definitivo de los diálogos. Su acuerdo se ha planteado como un imposible por parte de la delegación del gobierno nacional y algunos sectores políticos, esgrimiendo que sólo sería factible mediante la concentración de las fuerzas guerrilleras para posibilitar en el control y verificación de las acciones militares que se presenten en suelo colombiano, impidiendo el desarrollo de la mesa, pero olvidando entonces el fundamental hecho de reducción de acciones militares y por ende de víctimas en el territorio a partir de los ceses unilaterales de las FARC-EP, resaltando que la discusión en la Mesa avanzó con celeridad y éxito.

La necesidad del cese al fuego bilateral

“Decisiones de unos días pueden merecer la gratitud de los siglos” William Ospina

Pareciera entonces que a pesar del progresivo aumento de exigencias por parte de las gentes del común (incluso por parte de los países garantes y acompañantes del proceso, Cuba, Noruega, Venezuela y Chile), hacia el gobierno colombiano y a la insurgencia de decretar un cese al fuego, los únicos que hayan escuchado hayan sido las FARC-EP, decretando varios ceses al fuego unilaterales, mientras que el gobierno colombiano siguiera con la intención de acabar la guerra y atacar a la población en el campo con más bombardeos y ametrallamientos, intentando condicionar a la Mesa²³. Al final, como lo demuestran los hechos recientes lo que consigue es estancar el proceso y, en un posible resurgimiento del guerrerismo, la búsqueda de un argumento para finalizarla.

Es claro que el cese al fuego bilateral blindaría con mayor fortaleza el proceso de paz, pues permitiría que este no estuviera sujeto a la confrontación, posibilitando avanzar con mayor rapidez en las discusiones sobre las diferentes temáticas acordadas. Al mismo tiempo, el que se acuerde, facilitaría que las diferentes comunidades que han estado en medio del conflicto participen activamente del proceso de reconstrucción y reconciliación nacional, estableciéndose como el primer paso para iniciar un proceso de apertura democrática real. Se inclinaría entonces la balanza a favor de una paz con justicia social, alejando la posibilidad de una paz que se encargue de continuar perpetuando la desigualdad.

Se requiere mayor serenidad de las partes al momento de tomar decisiones que puedan estancar el proceso de paz (como actualmente sucede), en donde tanto el gobierno como las FARC-EP crean en él y depositen su confianza sobre la contraparte, esforzándose por legitimarse recíprocamente²⁴. A diferencia de otros procesos de paz en el mundo, Colombia ha avanzado con mucha más celeridad, pues en más de la mitad de los temas agendados, ha logrado abordarlos en menos de tres años, depositando gran esperanza a los nacionales que durante tantas décadas han anhelado un acuerdo de paz. Sin duda, la determinación de establecer una tregua entre las dos partes, lograría destrabar el proceso, reactivar la confianza sobre el mismo, y abordar con mayor rapidez los temas a pactar, tomando ventaja sobre los sectores guerreristas que vuelven a retomar vigencia.

Hay una gran diferencia entre la Colombia urbana y la Colombia rural. Es esta última la que ha tenido que vivir no sólo el rigor de la guerra, sino también la dureza de las causas objetivas que provocaron su origen. Colombia, como en una suerte de realismo mágico que raya con lo dantesco, ha tenido que ver no sólo el desarrollo de una guerra fratricida en donde los muertos los pone el pueblo pobre y campesino, sino que además ha tenido que soportar más de cien años de soledad, rebatiendo con su propio destino el adagio popular que reza sin cesar que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.

Colombia, como dice el juglar garrotero, es un pueblo que ha demostrado con su historia que sí hay males que duran cien años y pueblos que los resisten. La posibilidad cierta que se tiene ante los lentes históricos de terminar la guerra mediante un acuerdo que busque superar las causas estructurales que lo generaron, no puede ser echada por la borda por oscuros intereses que se han visto beneficiados por el estado precario de justicia social. El cese al fuego bilateral, la construcción social de ese acuerdo, es la llave que nos permitirá abrir la puerta no sólo del fin del conflicto, sino del inicio de una nueva era en Colombia.

Adenda Coyuntural

Es claro que el desarrollo de la guerra en Colombia es un proceso de alta dinámica y una conflictividad propia de este tipo de sucesos históricos. Más aún en los momentos que vive el país con relación al desarrollo de la Mesa de La Habana posterior al fin de la orden presidencial de la suspensión de los bombardeos y del fin del cese de actividades ofensivas por parte de la insurgencia: las convulsiones van tanto por el lado de los Diálogos (declaraciones conjuntas, unilaterales, entrevistas a los medios masivos y alternativos, avance o retraso en la concreción de los acuerdos), como por el lado de la guerra misma (ataques de la insurgencia, bombardeos por parte de las Fuerzas Militares, aumento del número de víctimas así como de combatientes).

El reciente informe del portal Verdad Abierta, Mapa de un país sin tregua²⁵ es ilustrativo en cuanto a dilucidar el efecto positivo del cese unilateral de las FARC-EP durante cinco meses, así como del aumento de los hechos violentos a partir de la declaratoria del fin de dicha tregua. Por un lado, las cifras del conflicto durante el cese unilateral bajaron a niveles que sólo se registran en la década de los 80, cuando el conflicto tenía una intensidad mucho menor y en medio de los procesos de paz. Según cita el informe, “[d]urante el anterior cese unilateral de las Farc, «los niveles de enfrentamientos armados disminuyeron hasta niveles no vistos desde los años 80», explicó la ONU citando informes de varios analistas”. A cambio de esto, “cuando las Farc lo dio por terminado, el país volvió a sentir la guerra en toda su intensidad”. Y rememora además que “[c]ontrario a lo que cualquiera podría pensar, en el primer mes del recrudecimiento de la guerra las Fuerzas Militares realizaron menos acciones que durante los últimos 30 días de la tregua unilateral”, lo que muestra que la acción de las Fuerzas del Estado ha sido siempre más cercana al desarrollo y continuación de la guerra.

Al momento de finalizar este artículo –que por su carácter coyuntural e inmediato, bien podría no tener fin- se contaba nuevamente con un acto unilateral de la insurgencia: Cese al fuego unilateral por un mes a partir del 20 de julio de 2015. Esto a partir de la comunicación expedida por los países garantes y acompañantes del proceso y, ciertamente, como un gesto de paz que busca devolver a la ciudadanía la confianza en el proceso (tan atacada por los medios de comunicación y los sectores guerreristas y de derecha en Colombia). A pocos días de ello, la Delegación del Gobierno habló por primera vez de la posibilidad cierta de avanzar en la concreción de un cese bilateral anterior a la firma del Acuerdo Final, hecho sin duda histórico en medio de las presiones internas con que cuenta el Gobierno y de los propios intereses del mismo por mantenerse firme en sus posiciones dentro de la Mesa²⁶.

Las Delegaciones en La Habana, días después, emitieron el Comunicado Conjunto No. 55 denominado: Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia²⁷, “con el objetivo de:

– Fortalecer la confianza de los colombianos y las colombianas en el proceso de paz, y también la confianza entre las delegaciones;

– Agilizar la construcción de acuerdos sobre todos los aspectos restantes de la Agenda del Acuerdo General; y

– Crear las condiciones para la puesta en marcha del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (Sub punto1 del Punto 3 “Fin del Conflicto” de la Agenda del Acuerdo General)”.

En donde se pactan entre otras: una nueva metodología de trabajo en la Mesa para avanzar de forma más acelerada, “acordar sin demoras los términos del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación”, la confirmación del cese unilateral de las FARC de acciones ofensivas, así como un proceso de desescalamiento de las acciones militares por parte del Estado.

Sin duda que, dado el avance de las conversaciones y de los Acuerdos parciales, este es un anuncio inédito en la historia de los procesos de paz en Colombia. Es la primera vez que el Gobierno colombiano habla con viabilidad de un cese bilateral de fuegos y hostilidades definitivo planteándolo, desde su perspectiva, como un sinónimo de la dejación de armas, esto es: como el fin del conflicto.

Es claro que esta declaración conjunta tiene múltiples lecturas, donde se pueden destacar principalmente: aquella encaminada en observar este gesto de la Mesa como la antesala o prefacio del proceso de Fin del Conflicto y aquella otra que plantea que es un mecanismo de presión para la insurgencia en procura de hacer agilizar la discusión en la Mesa de manera tal que los puntos fundamentales de la Agenda puedan pasar con nubes oscuras que no permitan fortalecer las condiciones de implementación.

Frente a estas dos lecturas es bueno revisar las declaraciones de cada contraparte después de realizado el anuncio del citado Comunicado No. 55. Mientras a la noche del domingo 12 de julio de 2015, en alocución presidencial radiotelevisaba el presidente Santos comunicaba a la ciudadanía el alcance del acuerdo pactado sobre desescalamiento del conflicto en Colombia, las FARC-EP emitían un comunicado en su página de internet haciendo lo propio.

Por un lado, Santos en su discurso²⁸ realizó un recuento de la perspectiva del Gobierno en lo que han sido estos dos años de Diálogos en La Habana. Someramente recordó sus llamados “inamovibles” o “líneas rojas” y reiteró en su discurso un lenguaje lejano a la reconciliación, haciendo permanentemente una separación entre “nosotros los colombianos” y “las FARC”²⁹ y remarcando a la contraparte en la Mesa como un grupo indolente al que según su discurso, no se le puede comprender, que raya en lo absurdo. Los siguientes dos hechos que se apartaron de lo ya anunciado en el Comunicado No. 55, tienen que ver con la distinción clara entre lo acordado el día en mención (desescalamiento del conflicto) y un cese bilateral, haciendo énfasis en que no se trata de ninguna manera de lo segundo, sino de unas medidas que buscan “humanizar la guerra”³⁰. El otro hecho que se destaca de lo planteado por la alocución presidencial tiene que ver con algo que se ha presionado desde varios sectores que se han mostrado reacios a la paz (sectores del ex presidente Uribe y el Procurador Alejandro Ordoñez) y se trata de ponerle un plazo perentorio al proceso, un suerte de ultimátum: “Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó. Y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de si seguimos con el proceso o no”.

Esto último, aunque hace parte del juego político del presidente en ejercicio, realmente puede convertirse en una ambivalencia y un arma de doble filo para el proceso en La Habana. Cualquier provocación podrá ser excusa para la exigencia de la terminación del proceso por parte de sus enemigos y es por eso que la clarificación de la participación de la Comisión Verificadora por parte de la ONU y de UNASUR deberá hacerse a la brevedad, de lo contrario, el plazo de 4 meses se convertirá paulatinamente en la piedra amolar el filo de la daga con el que el Presidente tendrá que hacer su harakiri.

Por otro lado, la Delegación de paz de las FARC-EP³¹ emitieron también el domingo 12 de julio de 2015 un comunicado bastante más optimista, ubicando el acuerdo alcanzado para el desescalamiento del conflicto como un logro para la Delegación y como una respuesta lógica a la declaratoria de un nuevo Cese unilateral anunciado para el 20 de julio, así como a la gestión de los países garantes y acompañantes. Así, dicen las FARC (negrillas nuestras): “Es este, sin duda, un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del proceso de diálogos, que toma tal brío por la fuerza insuflada por la voz de la mayoría de los colombianos, quienes en medio de las dificultades de la guerra, respaldan de manera decidida la salida política hacia el establecimiento de la justicia social, sin más desigualdades, miseria y carencia de democracia”. Además de ello, plantean la necesidad de hacer frente al fenómeno del paramilitarismo como una “ estrategia contrainsurgente del Estado” (Ibíd.).

Lo que se debe tener claro, para finalizar, es que la ciudadanía no se debe dejar llevar por las declaraciones y la retórica de una y otra parte de la Mesa, puesto hace parte de la dinámica de la política y es válido o inválido en el terreno de los argumentos políticos. Lo que realmente se debe tener en cuenta en estos procesos de diálogo, son los avances concretos en la Mesa y los comunicados conjuntos que son, necesariamente, fruto del consenso entre dos partes contrarias.

Teniendo en cuenta esto último, estamos en la víspera del inicio real de las condiciones de generación de confianza suficiente, apoyo concreto y real de la comunidad internacional y compromiso inédito de las partes para iniciar el proceso de construcción social del Acuerdo para el Cese bilateral y definitivo de fuegos y hostilidades lo que constituirá –de la mano con el avance en las conversaciones en La Habana- la puerta de entrada al proceso histórico de construcción de una paz estable y duradera.

Bibliografía

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Clausewitz, Carl Von (1972): De la guerra. Medellín: Editorial Zeta.

Cubilledo Gorostiaga, Daniel (2013): La confrontación Uribe-Santos: ¿diferencias superficiales o contradicciones en el bloque de poder dominante?. Cuadernos del GESCAL. Año 1, No. 1

Harnecker, Marta (1989): Combinación de todas las formas de lucha. Entrevista a Gilberto Vieira. Bogotá: Ediciones Suramérica.

Medina Gallego, Carlos (2010): FARC-EP y ELN. Una historia política comparada. 1958-2006 . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Ortiz, Iván David (2003): Rebeldes, opositores, terroristas. Caso tipo – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Bogotá: Revista Marx Vive.

______________________ (2006): La Uribe escenario de un acuerdo: El proceso de paz de 1984 – Dos décadas de enseñanza sobre la importancia de no olvidar la historia. Bogotá: Revista Marx Vive

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Silva, Santisteban José (1858) : Curso de Derecho Internacional o de Gentes. Lima: Imprenta del autor.

Página en línea, vista el día 1 de julio del 2015: https://books.google.com.co/books?id=PoAEAAAAYAAJ&pg=PA175&lpg=PA175&dq=derechos+internacional++treguas&source=bl&ots=m4KWSVC2ya&sig=m3Ite_WMRBAvTTfiNc24rDTBYes&hl=es-419&sa=X&ei=eG-RVcGbHIOu-QHc_pPQCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Sobre los autores:

Nicolás Uribe Rivera es Trabajador Social de la Universidad Externado de Colombia. Defensor de Derechos Humanos y miembro del movimiento político y social Marcha Patriótica. Su trabajo académico se centra en las dinámicas del conflicto armado colombiano y la búsqueda de alternativas para la construcción de procesos de paz.

Antonio Gómez Sánchez es Sociólogo de la Universidad Externado de Colombia, Maestrando en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Defensor de Derechos Humanos y miembro del movimiento político y social Marcha Patriótica. Su trabajo académico gira en torno a las relaciones sociales del campesinado colombiano y la mutua influencia entre sus interacciones políticas y los elementos culturales que lo conforman como sujeto histórico, especialmente en las zonas de conflicto.