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Mientras
siguen vergonzosamente las detenciones
Euskadi: Elecciones bajo un estado de excepción encubierto
por Coordinadora Estatal de Corriente Roja 24 enero de 2009
El archivo del juicio a Ibarretxe y a López (PSE-PSOE) --encausados por “reunirse con Batasuna”
durante la tregua de 2006-- ha dejado libre el camino para las
elecciones autonómicas del 1 de marzo. Los periódicos recogen las
pullas entre los políticos y hacen cábalas sobre un posible gobierno de
coalición PNV-PSOE. Sin embargo, ocultan que estas elecciones se
convocan bajo un estado de excepción sobre la izquierda abertzale.
Los
comicios se celebran cuatro meses después que el Tribunal
Constitucional declarara ilegal la consulta popular acordada por el
Parlamento vasco. El argumento del Tribunal era que los vascos no
tienen ningún derecho a decidir sobre su propio futuro y que eso
corresponde a las instituciones españolas. Ibarretxe y su gobierno
tripartito acataron cobardemente la sentencia. Mientras tanto, PSOE y
PNV se han dado apoyo parlamentario mutuo y la policía vasca ha actuado
sin pudor a las órdenes de la Audiencia Nacional.
Las elecciones
se celebran con la izquierda abertzale ilegalizada y sometida a una
tremenda represión. Han puesto fuera de la ley ANV, con sus 42
alcaldes. Han hecho lo mismo con el PCTV, que sacó el 10% de los votos
y nueve parlamentarios. Han ilegalizado las Gestoras Pro Amnistía (y su
continuadora, Askatasuna). Cerraron los periódicos Egin y Egunkaria.
Han encarcelado masivamente a los dirigentes abertzales y siguen en
marcha cuatro macroprocesos judiciales. Prohiben y reprimen los actos
políticos abertzales y se suceden las detenciones de jóvenes vascos.
En
este panorama, personalidades de la izquierda abertzale han presentado
la candidatura “Demokrazia 3 Milloi” (D3M) y empezado a recoger firmas
para legalizarla. El gobierno Zapatero ha respondido que D3M será
prohibida. La Comisión de Defensa de derechos humanos del Colegio de
Abogados de Barcelona denunció hace meses que para gobierno y jueces, “ETA ya no es una organización armada, sino también el conjunto de organizaciones abertzales” y que estábamos ante “una
cultura jurídica de emergencia o excepcionalidad, en la cual se
establecen responsabilidades penales difusas y colectivas,
absolutamente incompatibles con un sistema democrático”.
De
forma vergonzante el pasado día 22 eran detenidos varios de los
promotores de la D3M. Impulsar una candidatura no sólo lleva aparejada
la ilegalización de la misma sino la detención inmediata de sus
promotores. ¡A ese punto hemos llegado!
Para completar el
cuadro, hay que referirse a la multitudinaria manifestación del 3 de
enero en Bilbao, reivindicando un trato humanitario a los presos (622
en cárceles españolas), en consonancia con la Ley General
Penitenciaria, que el Gobierno incumple, utilizando la situación de
presos y familiares como chantaje político. Los manifestantes
reclamaban la puesta en libertad de los presos que han cumplido su
condena (más de 100) y de los 12 enfermos graves, así como el traslado
del resto a cárceles vascas o próximas. Del mismo modo, se exigía en
Algorta a finales de diciembre el fin de la tortura a detenidos, que se
repite en medio de la impunidad.
El gobierno Zapatero y los
políticos de la monarquía han logrado inculcar en la opinión pública
española la idea de que “todo vale” contra el independentismo vasco. No
rebelarse contra semejante atropello equivale a aceptar resignadamente
el recorte de las libertades democráticas no solo para Euskadi sino
para todo el estado español.
Desde Corriente Roja repudiamos las
detenciones, exigimos la libertad de los detenidos y seguiremos
poniendo todo nuestro empeño en explicar la verdadera situación que se
vive en Euskadi, en denunciar la ley de partidos, exigir los plenos
derechos políticos para la izquierda abertzale y la apertura de una
negociación para el reconocimiento del derecho de los vascos a decidir
su futuro.
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