Argentina: Presos en condiciones infrahumanas en la provincia de Corrientes

Boletín para la Libertad

El Ministerio de Gobierno desarrolla otro “plan para recuperar el sistema carcelario” (sic) en emergencia por superpoblación y déficit en su infraestructura. En tanto, desde la Red de Derechos Humanos, Hilda Presman exige “enfrentar integralmente las gravísimas violaciones a los derechos humanos consumadas cada día en las cárceles de la provincia”.

El ministro, Gustavo Valdez, dijo a momarandu.com que su cartera prepara “otro programa” que entregará al Superior Tribunal de Justicia que en 2009 intimó al Poder Ejecutivo a que resuelva las condiciones infrahumanas en las que viven los internos en el sistema penitenciario.

Sin embargo, el funcionario prefirió no avanzar con declaraciones que anticipen detalles de ese plan, que será programado sobre el que los administradores en el gobierno que entregó el poder en diciembre pasado habían iniciado luego de recibir la intimación de la Justicia.

Desde ese momento la situación de los internos continúa en las mismas condiciones. En la Penitenciaría Nº 1 en la Ciudad de Corrientes, por ejemplo, cuando las instalaciones están preparadas para 180 personas, casi 600 reclusos viven hacinados.

Es común entre los internos decir que vivir en la cárcel es vivir un infierno, y más aún durante veranos como el que sucede, además cuando los baños rotos, y luego de denuncias como que en el sistema penitenciario se desabastece por corrupción de recursos mínimos como papel higiénico.

Entonces los internos no tienen otra opción que hacer colas que en las mañanas que llegan a medir cientos de metros para usar los únicos sanitarios habilitados con un trozo de goma espuma en sus manos que han cortado de sus colchones para limpiarse.

Plan integral


“Si van a hablar de un plan, no es un tema meramente de modificaciones de infraestructura que indudablemente es un tema sustancial, sino integral, es decir, que haga al accionar judicial y resuelva esa superpoblación que tiene que ver con la morosidad en los tramites de liberación”,
señaló por su parte la titular de la Red de Derechos Humanos Hilda Presman.

“Salvar la morosidad judicial que afecta a los 400 alojados en la Unidad 6 de San Cayetano, detenidos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que pasan meses y hasta años sin definir su situación procesal”, señaló Presman.

La titular de la Red dice que en la Unidad Nº 6 “hay que resolver el problema de corrupción que hace que ingrese permanente y sistemáticamente droga, los malos tratos y la violencia penitenciaria, las demoras en las requisas a las visitas, la falta de provisión de agua potable, de teléfonos públicos, y la inaccesibilidad del camino de tierra cuando llueve”.

Presman, además asegura que los profesionales del gabinete criminológico, los psicólogos y los asistentes sociales van “eventualmente una o dos veces a la semana, cuando van”.

A la vez, Presman remarcó que “evaluar quiénes están en condiciones de obtener conmutaciones de pena, agilidad procesal, mayor personal de gabinete, resolución en tiempo y forma de pedidos de libertad condicional y asistida también descomprimiría la situación de hacinamiento”.

Informe

Las condiciones de detención fueron denunciadas ante el Superior Tribunal de Justicia que recibió hoy informes del Ejecutivo por contravenir las reglas mínimas que garantizan los derechos de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955.

Según esa norma los lugares de alojamiento de detenidos deberían ser considerados en función al cubaje mínimo por interno, a las condiciones de aireación, de iluminación, de calefacción, de sanidad, a la cantidad de camas, de seguridad para el descanso, de contacto diario al aire libre con posibilidad de desplazamiento, de acceso al servicio médico, al sistema educativo, trabajo y a la alimentación adecuada.

“Todas estas condiciones éstas, el estado provincial no satisface ni siquiera mínimamente en virtud del hacinamiento señalado”, señala el informe entregado en 2009 a la Corte.

Además remarcan que la situación viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y del fin resocializador de la pena reconocido en los distintos instrumentos internacionales incorporados al orden legal con jerarquía constitucional, y también las leyes nacionales y provinciales que aseguran y regulan los derechos básicos de las personas condenadas.

Fuente: Kaos en la Red

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