La revista Rolling Stone, en su edición andina de noviembre de 2004, dedica un artículo a Venezuela: "Una ley para dictadores", un escrito de Óscar Medina, corresponsal en la República Bolivariana, sobre la ley de responsabilidad social de radio y televisión.

El artículo presenta un espectáculo aterrador: "La revolución ya no será criticada. Con el pretexto de blindar a los niños contra las imágenes de violencia y sexo en la televisión, el gobierno venezolano está tramitando una ley a la que muchos han llamado la Mordaza. Ahora se prohíbe oponerse al Gobierno, pasar imágenes violentas en los noticieros y hasta hay una ley contra las ONG".

Se trata de una legislación criticada por los grandes medios y las organizaciones que se escudan en la libertad de expresión para evitar cualquier control democrático y garantía de veracidad sobre sus contenidos. Sin embargo, medios comunitarios, organizaciones sociales y grupos populares ven en ella la necesaria democratización de los medios y la vía de control de la ciudadanía sobre la información que consumen en radio y televisión.

Chávez señaló en qué consisten algunas de las responsabilidades de los medios de comunicación: "En Venezuela hay gente que ha salido en televisión diciendo que hay que matar al Presidente y eso es un delito en cualquier país y aquí también. El medio debe reaccionar e interrumpir esas incitaciones al asesinato...”. "El 11 de abril del 2002 en Venezuela las televisiones hacían llamamientos continuos a ir al palacio presidencial de Miraflores a sacar al presidente constitucional. Eso no se puede permitir ni aquí ni en ningún país", añadió Chávez.

El presidente de Venezuela ha sido víctima de las campañas mediáticas desde su primera victoria electoral, en diciembre de 1998, y hasta la última, en el referendo de agosto pasado. Peor aún, en esos medios se ha hecho apología del magnicidio y del terrorismo contra funcionarios.

El acople medios-oposición no tiene nada de casual. Sobre cinco canales de televisión, sólo Venezolana de Televisión es estatal. El resto es privado y directamente desestabilizador (grupo Cisneros, entre otros).

La nueva ley

"En Venezuela los dueños de los medios se acostumbraron a ser intocables. Pues no. Deben estar sometidos a la ley y a la Constitución" Hugo Chávez

Chávez elevó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Allí fue aprobada definitivamente en sus 35 artículos, pese al voto adverso de los opositores, algunos de los cuales se pusieron mordazas a la hora de votar.

La ley declara que no se puede hacer publicidad de cigarrillos y derivados del tabaco; bebidas alcohólicas y demás especies previstas en la legislación; sustancias, estupefacientes o psicotrópicas prohibidas; servicios profesionales prestados por personas que no posean los requisitos legales.

Con un sentido cultural y bolivariano, la norma establece que en la franja horaria comprendida entre las 7:00 y las 19:00, la radio y la televisión tienen que contemplar un mínimo de tres horas diarias de programas culturales y educativos, informativos o de opinión y recreativos dirigidos a niños y adolescentes. Quienes ocupen espacios musicales entre las 5:00 y las 23:00 horas tendrán que incluir de un 50% a 70% de obras venezolanas.

Aunque el Gobierno respeta la propiedad de los medios, se estableció que los prestadores de servicios de difusión "deberán poner a disposición del Estado y en forma gratuita, de un canal para la transmisión de un servicio de producción nacional audiovisual destinado en un 100% a la producción nacional independiente y producción comunitaria, con predominio de programas culturales, informativos y de opinión".

La SIP

Para la radio y televisión privada, esa ley va a establecer una censura previa, acusación que no se sustenta en el texto legal ni en los procedimientos de un gobierno tolerante como ha sido el de Chávez. Los imperios mediáticos están preocupados de que el Estado meta mano en la producción de contenidos, limite la publicidad y disponga de fuertes multas a los infractores.

Por eso los empresarios del sector han salido a buscar solidaridades en los medios de la derecha mundial. La han obtenido del diario The Miami Herald-Nuevo Herald, órgano de la mafia anticubana, así como de los argentinos Clarín y La Nación, cuyos directivos comparten con Gustavo Cisneros la Fundación Iberoamérica.

Las denuncias se amplificaron en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a los principales diarios de las oligarquías del continente, la cual difundió desde Miami una declaración calificando la ley de Chávez como "un peligro para la libertad de prensa".

Curiosamente, la familia Mitre, dueña del diario La Nación, con asiento en la junta directiva de la SIP, es propietaria de los derechos de la revista Rolling Stone para Suramérica, y controla absolutamente todos los contenidos de sus diferentes ediciones, lo que explica la saña de sus articulistas contra el proceso bolivariano.

Esta es la clase de medios que contaminan la mente de la juventud latinoamericana bajo un disfraz de rebeldía e irreverencia. Rechacemos esta manipulación de la información y la cultura. Difundamos nuestros propios medios de comunicación apoyando a los artistas comprometidos.